22 MAY 2026 - 15:08 |
Sociedad
Economía
Bomberos Voluntarios: denuncian que el gobierno nacional no envía fondos a los cuarteles desde el año pasado
La falta de cumplimiento con la Ley 25.054 “obliga a los bomberos a endeudarse, reducir gastos esenciales o requerir mayores aportes comunitarios”, advirtieron diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical.
En la provincia de Buenos Aires existen 268 asociaciones de Bomberos Voluntarios con personería jurídica. (Foto: Bomberos Santa Teresita)
Desde el bloque de diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical reclamaron al gobierno de Javier Milei que les transfiera “de manera urgente” a los cuarteles de bomberos voluntarios los fondos adeudados desde finales del año pasado. “Están violando la Ley 25.054 que le da operatividad a la asociaciones en cada uno de los municipios”, alertaron los legisladores de la UCR.
En el texto, que fue ingresado por el diputado Valentín Miranda, y acompañado por sus pares Alejandra Lordén y Priscila Minnard, recordaron que la norma nacional de financiamiento establece que “los subsidios deben ser transferidos dentro de los primeros seis meses de cada año, configurando un plazo cierto que otorga previsibilidad al funcionamiento de los cuarteles”. Y advirtieron: “La falta de cumplimiento obliga a los bomberos a endeudarse, reducir gastos esenciales o requerir mayores aportes comunitarios”.
La referente de los bomberos voluntarios en la Cámara baja, Priscila Minnard, explicó en diálogo con el portal Diputados Bonaerenses, que el único financiamiento que reciben los bomberos voluntarios es el que contempla la Ley 25.054, que obliga al Estado a enviar esos fondos y, a fin de año, transferir un remanente de ese mismo subsidio.
“El remanente es el subsidio que no pudieron tomar las sociedades de bomberos voluntarios que no están regularizadas con los papeles al día, personería jurídica, balances, rendiciones y demás. Las que están en esa situación no lo cobran y se hace un fondo con esos montos que se reparte entre los cuarteles que sí están al día”, explicó Minnard.
Según expuso la legisladora oriunda de Coronel Dorrego, en 2025 Milei nunca envió el remanente, lo que significó que durante todo el verano los bomberos voluntarios funcionaron sin ingresos, hasta que los incendios en la Patagonia generaron que Casa Rosada destine $100 millones para enfrentar el fuego que arrasó el sur del país. Según esgrimieron los cuarteles, el monto no llegó a costear todos los gastos necesarios para realizar el trabajo correctamente.
“Lo que hizo el Gobierno fue informar que daban un subsidio extraordinario, pero era mentira porque se trataba del remanente, lo que les correspondía a esos cuarteles que estaban complicados. Hay muchos que a casi junio no hemos recibido ni el remanente del año pasado ni la cuota de este año. Lo que habían informado extraoficialmente era que iban a recibir las dos cosas juntas”, relató la diputada.
En rigor, los cuarteles de bomberos tienen como único método de financiamiento el subsidio de Nación, dado que no reciben ni programas ni ayudas extraordinarias. Por parte del Gobierno provincial, la situación está mucho más regularizada pero en municipios como Coronel Dorrego y Trenque Lauquen solo se enviaron $2 millones. Esto generó que los bomberos tengan que buscar otras maneras de sanear su situación económica.
“Hoy los cuarteles de bomberos se financian con la venta de bonos, de bienes, empanadas, choripanes, lo que sea. Básicamente compiten con otras instituciones de las localidades que se sostienen por la comunidad, y eso solo para cubrir una porción de gastos corrientes. No pueden mantener vehículos ni afrontar los gastos de gasoil. Dependen de donaciones de privados y del pueblo, que siempre está ahí”, dispuso Minnaard.
A eso se le suma el mantenimiento del cuartel y de las herramientas necesarias para realizar el trabajo, como la renovación de autobombas o el cambio de gomas. Inclusive el uniforme de bombero se volvió un gasto extraordinario, dado que esa ropa es homologada y debe cumplir una serie de normas internacionales y las del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
“Hace un año que están parados, tienen los pesos contadísimos, no se pueden comprar el uniforme. Lamentablemente en los recortes que hace Milei se encuentran los bomberos voluntarios. Esto es un error muy grande porque en las localidades pequeñas donde no tenemos Defensa Civil, ante cualquier emergencia son ellos los primeros en hacerle frente. Deja expuesta la seguridad de todos los vecinos”, sentenció Minnaard.
El proyecto de Miranda, que toma como caso testigo a la situación de los bomberos voluntarios de Trenque Lauquen, también pide que el Ejecutivo nacional establezca los mecanismos necesarios para evitar nuevos atrasos. En la iniciativa, el legislador menciona que el sistema de financiamiento de los bomberos voluntarios establece que los subsidios deben ser transferidos dentro de los primeros seis meses de cada año. “Esta manda es flagrantemente violada por el Gobierno nacional”, remarcó.
Vale recordar que, en marzo la diputada Minnaard presentó un proyecto de ley para modificar este esquema de financiamiento con el objetivo de aumentar el monto máximo del fondo previsto en la Ley 14.761, que desde hace cuatro años no registra modificaciones. De acuerdo al texto parlamentario, se establecería un mecanismo automático de actualización y fija un techo de $700 millones.
¿Qué establece la ley de bomberos sobre la ayuda económica del Estado?
La Ley 25.054, sancionada en 1998, regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de todo el país, y dispone la ayuda económica necesaria para el equipamiento y la formación del personal, con el objetivo de brindar el servicio en forma gratuita a toda la población.
La norma creó el Fondo Nacional de Bomberos Voluntarios, que se financia con una contribución obligatoria (de entre el 5 y el 5,5 por mil) sobre las primas de seguros (excepto los seguros de vida).
El 80% del fondo se transfiere de manera equitativa entre los cuarteles de bomberos de todo el país, el 10% se asigna a las federaciones provinciales, para capacitaciones y funcionamiento; el 7% recae sobre el Consejo Nacional de las federaciones; y el 3% para la autoridad de aplicación por gastos de fiscalización y emergencias críticas. Los desembolsos suelen realizarse 2 veces al año.
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