Así actuaba la banda de autos truchos

Por Gabriela Urrutibehety
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Veinte de los veintiún detenidos en la causa de los autos truchos fueron procesados como integrantes de una asociación ilícita dedicada al robo de automóviles y a la falsificación de documentación de los vehículos para ponerlos nuevamente en circulación. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, les dictó prisión preventiva, por lo que continuarán detenidos en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. Luis Roldán, de General Belgrano, fue liberado por falta de mérito.

El entrecruzamiento de llamadas, realizado a través del programa VAIC, fue la herramienta central para determinar la estructura de la banda y los roles que cada uno de ellos cumplía. El titular de la DDI de Dolores, comisario inspector Julio Robledo, responsable de la investigación que terminó con estos procesamientos, dijo que “el sistema permite determinar quién se comunica con quién y la cantidad de llamadas”, al tiempo que señaló que “el centro de las llamadas es el señor Cowes, quien se comunica con el resto de detenidos en la causa. Algunos muestran hasta 5 mil llamadas”.

Según señaló Robledo, la investigación se inicia a partir de la constatación de que en la jurisdicción de Dolores se venía registrando un modus operandi similar en casos de adulteración de documentación de vehículos. Horacio Alejandro Cowes y Walter Gustavo Rolleri fueron sindicados, en principio, como “los que iniciaban la maniobra en Dolores. A lo largo de la investigación se fue determinando que Cowes le encargaba cédulas de identificación a tales personas, tales otras le traían los vehículos, tales otras cortaban, otros hacían la parte de gestoría”, explicó el comisario Robledo.

El subcomisario Héctor Alberto Villalba obtenía, por su función, las claves para acceder a bases de datos del Registro del Automotor que permiten consultar si los vehículos tienen pedido de secuestro y si los números de motor y chasis son adulterados o mellizos. El otro policía imputado es Guillermo Di Tulio (40 años), subteniente de la Jefatura Departamental Dolores, quien se dedicaba tanto a obtener los autos, como a la documentación apócrifa o a vender las autopartes.

@bloqueD@La esposa de Cowes, Natalia González, era directa colaboradora del jefe de la organización: recibía y entregaba los vehículos robados, así como las autopartes y la documentación. Por tener acceso a las claves policiales que les facilitaba Villalba, ella se ocupaba también de ingresar a las bases de datos del DNRP para acceder a la información necesaria para falsificar los documentos de los autos.

Aníbal Enrique Alcodoy (29), de profesión mecánico, se ocupaba de levantar, cortar y reducir automóviles y autopartes, en muchos casos engañando a los compradores sobre la procedencia e irregularidades en los dominios. Una actividad similar llevaba adelante Carlos Alberto Peirano, un changarín de 42 años, domiciliado en Dolores, así como también Guillermo Isaurralde (39).

El mecánico Roberto Gustavo Ortiz (44) se dedicaba a lo que en la jerga se denomina “clavado”. Es decir, a la adulteración de los números del chasis y del motor que los vehículos portan de fábrica, por medio de cuños y lápices eléctricos. El ya mencionado Walter Rolleri realizaba una tarea similar, porque en su poder también se encontraron los cuños alfanuméricos.

Otro mecánico, Oscar Alfredo Romero (54), participaba también en la organización vendiendo automóviles y autopartes robadas. Norberto Javier Estraviz (39), un “güinchero” de Banfield, también “levantaba” autos, los cortaba y comercializaba las autopartes. En el conurbano también “trabajaba” para la banda Manuel Alejandro Guiñazú (48).

@bloqueD@En la zona de Chascomús, Ranchos y General Belgrano operaban obtenían y comercializaban vehículos y autopartes ilegales Guillermo Alejandro Iribarren (41), Leonardo Enrique Luján (43) y Pablo Benjamín Oporto (35). Rafael Cirigliano (60) se dedicaba a la compraventa de autos y aportaba a la organización su actividad comercial, en tanto que Leonardo Manuel Rodríguez (40), en función de su profesión de gestor, se ocupaba de ingresar a las bases de datos del DNRP necesarias para confeccionar la documentación falsa.

Leonardo Miguel Galay (43) era empleado de la Planta de Verificación Móvil que funciona en Castelli. Y desde esa actividad, aportaba obleas de la VTV falsificadas o adulteradas para uso de la banda. Una de las actividades conocida como “segurazo” –esto es, hacer desaparecer un auto para cobrar el seguro– le fue imputada especialmente a Leandro Gastón Alzugaray (39), de Mar de Ajó, y al platense Jorge Daniel Tonarelli (43).

Otras causas con los implicados
El comisario inspector Robledo confirmó que se han solicitado otras causas a diferentes jurisdicciones.  “En La Plata, por ejemplo, hay una que lo relaciona a Cowes y a un tal ‘Calabaza’, que es Guiñazú, en la que se secuestraron aproximadamente 15 vehículos. Y así varias causas más, que no se pidieron en el curso de la investigación porque había varios abogados presentados y si se las solicitaba, se iban a enterar de que en esta ciudad existía una investigación sobre ellos”. También indicó que en el caso en que fue detenido por robo Fernando Gugliermetti, uno de los integrantes de la famosa banda de los seguros que fue liberado a principios de año y recaptura unos meses después, se determinó que “era amparado por esta gente que lo ocultaba y le daba alojamiento en la ciudad de Dolores”.