El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla “jefa” de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato.
Fuentes judiciales informaron que, además, el magistrado volvió a pedir el desafuero de Cristina Kirchner al Senado de la Nación y procesó también al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a su entonces segundo, Roberto Baratta; y quienes fueron imputados como organizadores de la asociación ilícita y permanecen con prisión preventiva.
Asimismo, fueron procesados los arrepentidos José López, ex secretario de Obras Públicas, quien está detenido por otra causa; y Claudio Uberti, ex titular del OCCOVI, el órgano de Control de Concesiones Viales.
En tanto, el juez también procesó a Ángelo Calcaterra, de IECSA (primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri); Aldo Roggio, del Grupo Roggio; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Luis Betnaza, de Techint; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería; Enrique Pescarmona, líder de la industria que lleva su apellido; y Néstor Otero, de TEBA.
Según La Capital, la lista de procesados comprende además a Gabriel Romero, de EMEPA; a Juan José Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA); al ex juez federal Norberto Oyarbide y a Javier Fernández, de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El juez dictó la falta de mérito de Jorge Neira y Osvaldo Acosta, ambos de Electroingeniería; de Javier Sánchez Caballero, de IECSA; de Rodolfo Poblete, de EMEPA; de Héctor Zavaleta, de Techint; y de Franco Valenti, de Industrias Pescaroma.
Todos ellos sí reconocieron haber hecho pagos ilegales, ya sea para acceder a obra pública o como aportes para la campaña electoral del kirchnerismo, pero fueron los jefes de sus respectivas empresas quienes aclararon que lo hicieron por cuenta y orden de ellos.
En su momento, el juez Bonadio había informado que el expediente acumulaba “32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación”, al tiempo que se realizaron “70 allanamientos” y se secuestraron unos 6 millones de pesos y poco más de un millón de dólares.
Bonadio tomó indagatoria a 52 personas y dispuso 26 detenciones, de las cuales liberó a un total de 11: además, 17 imputados declararon en calidad de “arrepentidos” y se resolvieron “15 acuerdos de homologación en forma positiva”.
El magistrado afirmó en su último escrito que “los fondos recaudados” por las presuntas coimas llegaban finalmente “a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido".
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.