Por la Cumbre del G20, la provincia de Buenos Aires se convirtió en uno de los principales centros para que aviones militares extranjeros aterricen y desplieguen su seguridad personal.
Sin ningún problema diplomático o alguna queja oficial en torno a la soberanía nacional, la fuerza aérea de Estados Unidos ya tiene en tierra dos Boening C-17 Globemaster II y un C-17, aeronaves que transportan elementos militares pesados y que se instalaron en los aeropuertos de El Palomar y Bahía Blanca.
El extraordinario operativo responde a la llegada del presidente Donald Trump, quien este viernes se reunirá con Mauricio Macri para participar del G20.
Las aeronaves, con 7 tripulantes cada una, cuentan con 4 motores y una carga máxima de 77.500 kilogramos, como también equivalente para 102 paracaidistas.
Dentro del operativo de seguridad que prevé el gobierno de Estados Unidos, se cuentan dos limusinas blindadas, tres helicópteros del cuerpo de marines y un total 1.500 guardaespaldas.
Además de la Provincia, el gobierno de los Estados Unidos utilizó a la provincia de Mendoza como centro de aterrizaje de aviones militares y al vecino país de Uruguay.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.