Una nueva polémica envuelve al intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, tras confirmar que les descontará el día a los trabajadores municipales que adhieran al paro nacional convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las tres CTA.
La medida la dio a conocer el propio jefe comunal de Cambiemos en el marco de una recorrida que realizó por la zona de Playa Grande, donde dijo que las autoridades tienen “terminantemente prohibido pagarle a un personal que no realiza ninguna tarea”.
En ese aspecto, manifestó que “administrativamente no puede” utilizar fondos públicos para eso. “Más allá de que uno pueda entender el reclamo y de que la situación que se está viviendo es muy crítica, yo puedo entender muchas cosas, pero mi primera obligación es cumplir con la ley”, señaló.
Por su parte, según publicó La Capital, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) anunció hace unos días su adhesión a la medida. “Somos parte del Frente Sindical para el Modelo Nacional; porque no queremos que ningún argentino pase penurias y sufra hambre; porque exigimos la creación de puestos de trabajo para reinsertar a los trabajadores desocupados y porque sabemos que hay otro camino”, expresaron.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.