El juez federal Alejo Ramos Padilla reprogramó para el 17 de julio, cinco días antes del comienzo de la feria judicial de invierno, la declaración indagatoria del periodista Daniel Santoro en la causa que investiga la supuesta existencia de una organización dedicada a la extorsión, informó Télam.
La postergación de la audiencia, que estaba prevista para hoy martes, se produjo luego de que el periodista explicó que el abogado que designó, Mauricio de Núñez, se encuentra en el exterior cumpliendo con un compromiso asumido antes de la citación inicial.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, Ramos Padilla tomó una serie de medidas, entre ellas una notificación a su colega porteño Claudio Bonadio -a quien tiene imputado en el caso en el que, además, está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio- acerca de las irregularidades que le achaca.
El magistrado de Dolores dio "por presentado" a Bonadio en el expediente, pero le avisó que "deberá constituir domicilio electrónico para que en lo sucesivo se le puedan cursar notificaciones por esa vía" y lo autorizó a "compulsar el expediente, a requerir y retirar las copias de la sede del Tribunal, debiendo individualizar las piezas que estime pertinentes".
"En cuanto a su solicitud de que se 'sirva detallar con precisión cuál es la imputación'" que motivó su citación, Ramos Padilla le dijo a Bonadio que "en las presentes actuaciones ha sido formalmente denunciado en dos oportunidades (...), que uno de los denunciantes ha sido tenido como parte querellante (...), además de que su actuación ha sido objeto de tratamiento por parte del Ministerio Público Fiscal y fue mencionado en diversos testimonios, archivos de audio y documentos digitales que forman parte de la prueba de la causa".
El juez de Dolores advirtió "sin embargo, y más allá de ello, este Juez no ha adoptado un temperamento procesal como el que reclama (...); sólo se consideró adecuado anoticiarlo en los términos citados a efectos de brindarle concretamente la posibilidad de ejercer los derechos que pone a su disposición el ordenamiento ritual".
"Se trata -dijo Ramos Padilla sobre Bonadio- de otorgarle las más amplias garantías, para que pueda, como por ejemplo lo ha hecho la Dra. Elisa Carrió, que se ha presentado ante la Excma. Cámara Federal de Casación Penal (...), formular en estas actuaciones las aclaraciones que entendiere necesarias a su derecho, participar y controlar la marcha del proceso, como así también sugerir las medidas de prueba que considere oportunas".
También resolvió notificar formalmente a la Procuración General de la Nación que el fiscal Carlos Stornelli (declarado en rebeldía) "no se ha presentado a esta sede ni personalmente ni por intermedio de su defensa técnica a fin de justificar su incomparecencia a la audiencia indagatoria fijada por este tribunal (...) para el día 31 de mayo" pasado. Stornelli faltó a cinco citaciones a indagatoria.
Asimismo, citó como testigos al ex jefe de Gabinete nacional y ex ministro Aníbal Fernández para el 10 de julio a las 11 y al ex jefe de la Aduana y actual precandidato presidencial Juan José Gómez Centurión para el 12 de julio a las 10.
El juez pidió además asistencia a la sede Dolores de la Universidad Atlántida Argentina para que aporte "alumnos avanzados" de Derecho para colaborar en la toma y grabación de declaraciones indagatorias y testimoniales, argumentando que el juzgado tiene "escasos recursos humanos" para cumplir con todas las tareas que demanda esta causa.
Otro de los citados a declarar como testigo es el abogado Daniel Llermanos, letrado patrocinante del sindicalista camionero Hugo Moyano, ya que pidió ver el expediente ante la posibilidad de que también haya sido víctima de una supuesta extorsión.
También accedió a que acceda a "tomar vista de las presentes actuaciones" al ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno.
Otra de las medidas fue la declaración de rebeldía de Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, otro de los investigados como supuesto miembro de la presunta organización, ante su incomparecencia en el juzgado y la ausencia de justificativos válidos, ratificando la orden de detención de ese imputado.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.