La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro en los 19 departamentos judiciales de la provincia para el próximo 5 de agosto, para "exigirle" al Ejecutivo que los convoque a negociaciones paritarias.
El anuncio se da después de que el gobierno bonaerense informe que liquidará un aumento para el sector del 13% con los salarios de agosto.
En un comunicado, el secretario general de ese sindicato, Pablo Abramovich, precisó que "ese adelanto decidido unilateralmente por el gobierno de María Eugenia Vidal equivale a un 13% calculado sobre los salarios de diciembre de 2018, y se liquidará con los haberes del mes de julio".
Añadió que ello "constituye una nueva violación al derecho a la negociación colectiva por parte de la gobernadora Vidal, que esconde la negativa a discutir seriamente la recuperación de los más de 15 puntos de salario perdidos en 2018, así como la garantía de que el aumento en 2019 acompañe o supere la inflación durante el segundo semestre”.
El dirigente expresó la voluntad de "diálogo" del sector y pidió al gobierno la reapertura de las negociaciones paritarias "para poner fin a este conflicto".
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.