El aumento por decreto para trabajadores del sector privado, al igual que un ajuste sobre los montos de las jubilaciones, los planes sociales y los sueldos de los empleados de la administración pública, forman parte de los postulados de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Ejecutivo envió al Congreso y que espera ver avanzado en su tratamiento esta misma semana.
“Así como se ha producido en el sistema previsional una dispersión importante, en los salarios ha pasado algo parecido. Hay sectores que han podido seguir bastante de cerca los índices de inflación, otros que han perdido algo; y sectores que perdieron muchísimo en esta economía que hemos tenido estos años", describió Moroni.
Ante esa situación, sostuvo que "el Gobierno no puede permanecer ajeno a atender e impulsar inmediatamente los salarios de aquellos que han quedado postergados; por eso, pedimos una facultad de emergencia para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado", agregó el ministro de Trabajo.
"Los montos se van a empezar a discutir recién cuando se apruebe la ley", señaló el ministro, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos, consignó el Diario Uno de Mendoza. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.
Moroni explicó que "el modo de colaborar del Estado" reside en "un esfuerzo" fiscal y ratificó que "temporalmente" esos incrementos salariales puedan "ser eximidos de aportes y contribuciones", tal como figura el proyecto de ley.
"A veces para poder cerrar un convenio salarial es necesario que el Estado haga algún esfuerzo, para que ese incremento sea efectivo y llegue al bolsillo del trabajador; va a ser temporal", concluyó el ministro de la cartera laboral.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.