El aumento por decreto para trabajadores del sector privado, al igual que un ajuste sobre los montos de las jubilaciones, los planes sociales y los sueldos de los empleados de la administración pública, forman parte de los postulados de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Ejecutivo envió al Congreso y que espera ver avanzado en su tratamiento esta misma semana.
“Así como se ha producido en el sistema previsional una dispersión importante, en los salarios ha pasado algo parecido. Hay sectores que han podido seguir bastante de cerca los índices de inflación, otros que han perdido algo; y sectores que perdieron muchísimo en esta economía que hemos tenido estos años", describió Moroni.
Ante esa situación, sostuvo que "el Gobierno no puede permanecer ajeno a atender e impulsar inmediatamente los salarios de aquellos que han quedado postergados; por eso, pedimos una facultad de emergencia para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado", agregó el ministro de Trabajo.
"Los montos se van a empezar a discutir recién cuando se apruebe la ley", señaló el ministro, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos, consignó el Diario Uno de Mendoza. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.
Moroni explicó que "el modo de colaborar del Estado" reside en "un esfuerzo" fiscal y ratificó que "temporalmente" esos incrementos salariales puedan "ser eximidos de aportes y contribuciones", tal como figura el proyecto de ley.
"A veces para poder cerrar un convenio salarial es necesario que el Estado haga algún esfuerzo, para que ese incremento sea efectivo y llegue al bolsillo del trabajador; va a ser temporal", concluyó el ministro de la cartera laboral.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.
25 de marzo. La medida busca frenar el conflicto por la posible pérdida de 42 puestos de trabajo vinculados al servicio de recolección y barrido urbano. Duras críticas de Pablo Moyano al intendente Gustavo Barrera.
17 de marzo. El Partido Justicialista de Mar Chiquita presentó en Santa Clara del Mar a la nueva lista de conducción, en un acto encabezado por el senador Jorge Paredi, el intendente Walter Wischnivetzky y el presidente electo del PJ, Fabián Jacquet.