El aumento por decreto para trabajadores del sector privado, al igual que un ajuste sobre los montos de las jubilaciones, los planes sociales y los sueldos de los empleados de la administración pública, forman parte de los postulados de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Ejecutivo envió al Congreso y que espera ver avanzado en su tratamiento esta misma semana.
“Así como se ha producido en el sistema previsional una dispersión importante, en los salarios ha pasado algo parecido. Hay sectores que han podido seguir bastante de cerca los índices de inflación, otros que han perdido algo; y sectores que perdieron muchísimo en esta economía que hemos tenido estos años", describió Moroni.
Ante esa situación, sostuvo que "el Gobierno no puede permanecer ajeno a atender e impulsar inmediatamente los salarios de aquellos que han quedado postergados; por eso, pedimos una facultad de emergencia para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado", agregó el ministro de Trabajo.
"Los montos se van a empezar a discutir recién cuando se apruebe la ley", señaló el ministro, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos, consignó el Diario Uno de Mendoza. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.
Moroni explicó que "el modo de colaborar del Estado" reside en "un esfuerzo" fiscal y ratificó que "temporalmente" esos incrementos salariales puedan "ser eximidos de aportes y contribuciones", tal como figura el proyecto de ley.
"A veces para poder cerrar un convenio salarial es necesario que el Estado haga algún esfuerzo, para que ese incremento sea efectivo y llegue al bolsillo del trabajador; va a ser temporal", concluyó el ministro de la cartera laboral.
07 de septiembre. Rocío Tedesco, abogada y militante de la UCR del Partido de La Costa desde muy joven, quedó al frente de la organización juvenil del radicalismo bonaerense. Cercana al senador nacional Maximiliano Abad y al diputado provincial Diego Garciarena, su designación representa además el regreso de Adelante Buenos Aires a la conducción de la Juventud Radical provincial después de más de 15 años.
04 de septiembre. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, adelantó los plazos previstos para las dos obras que transformarán la circulación por el corredor de la Costa Atlántica. El tramo de 72,4 kilómetros hacia Mar Chiquita atraviesa su etapa final, mientras que la nueva autovía de 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar se licitará en octubre. “Viajar va a ser más ágil y más seguro, y eso nos beneficia a todos”, afirmó.
28 de agosto. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, firmó un convenio con el intendente Juan Pablo García para la construcción del edificio y el dictado por parte de universidades nacionales de carreras referidas al área de nuevas tecnologías.
28 de agosto. La ciudad lanzó la campaña “Sin ir más lejos” para la próxima temporada de verano y confirmó que, desde noviembre, la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica local se integrará a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
24 de agosto. El jefe comunal peronista, que gobierna el distrito desde 2011, explicó que se trata de “una decisión familiar y personal” aunque aclaró: “No piensen que voy a dejar de hacer política”.
21 de agosto. La nueva casa para el deporte dolorense, una obra que permaneció inconclusa durante más de 16 años, está destinada a los clubes, las escuelas y los deportistas locales y tendrá una capacidad para albergar 1.400 espectadores.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.