El aumento por decreto para trabajadores del sector privado, al igual que un ajuste sobre los montos de las jubilaciones, los planes sociales y los sueldos de los empleados de la administración pública, forman parte de los postulados de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Ejecutivo envió al Congreso y que espera ver avanzado en su tratamiento esta misma semana.
“Así como se ha producido en el sistema previsional una dispersión importante, en los salarios ha pasado algo parecido. Hay sectores que han podido seguir bastante de cerca los índices de inflación, otros que han perdido algo; y sectores que perdieron muchísimo en esta economía que hemos tenido estos años", describió Moroni.
Ante esa situación, sostuvo que "el Gobierno no puede permanecer ajeno a atender e impulsar inmediatamente los salarios de aquellos que han quedado postergados; por eso, pedimos una facultad de emergencia para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado", agregó el ministro de Trabajo.
"Los montos se van a empezar a discutir recién cuando se apruebe la ley", señaló el ministro, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos, consignó el Diario Uno de Mendoza. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.
Moroni explicó que "el modo de colaborar del Estado" reside en "un esfuerzo" fiscal y ratificó que "temporalmente" esos incrementos salariales puedan "ser eximidos de aportes y contribuciones", tal como figura el proyecto de ley.
"A veces para poder cerrar un convenio salarial es necesario que el Estado haga algún esfuerzo, para que ese incremento sea efectivo y llegue al bolsillo del trabajador; va a ser temporal", concluyó el ministro de la cartera laboral.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.