El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, remarcó la necesidad de que se avance a favor de una ley que sirva para regular las fumigaciones en la Provincia, lo que representaría una herramienta clave para reducir el impacto que tiene el uso de agrotóxicos en la salud y el medioambiente.
“Actualmente no existe ninguna legislación provincial con respecto a esta práctica, sino que hoy cada municipio regula la manera en la que se aplican estos productos en la zona agraria de sus distritos, lo que entendemos que está mal”, sostuvo Lorenzino.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo sostuvo que “es imperioso que se ponga en agenda establecer un marco regulatorio único para las fumigaciones, sin que se deje de estimular la producción pero con la mirada puesta en la salud de la población y del medioambiente”.
Esta postura se apoya en el trabajo que lleva adelante la Defensoría en todo el territorio provincial. Mediante jornadas de capacitación y talleres en diferentes ciudades, el organismo nucleó a distintos actores para definir criterios que sirvan de apoyo a una normativa unificada, además de fomentar la agroecología como una alternativa a la problemática actual del uso de agroquímicos.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.