El magistrado corrió vista a las partes querellantes y a la fiscalía para que se manifiesten sobre la posibilidad de mandar a juicio la parte de la causa que incluye procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales.
“Teniendo en cuenta el estado de avance de la investigación (…) entiendo que, al menos en orden a los hechos que fueron objeto de análisis, procesamiento y confirmación por parte de la Excma. Cámara, corresponde avanzar -tal como lo indicara ese Tribunal- hacia la etapa intermedia del proceso”, sostuvo Ramos Padilla en los la resolución a la que accedió Télam.
El juez sostuvo en su resolución que ya está en condiciones de ser elevados a juicio oral varios de los hechos por los que fue procesado Marcelo D´Alessio, y otros imputados como los ex comisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el ex espía Rolando Barreiro y el fiscal suspendido de Mercedes Juan Ignacio Bidone, y los empresarios Pablo Bloise, Eduardo Menchi y Carlos Liñani.
A esos 8 imputados, Ramos Padilla los procesó en distintas resoluciones “en orden a su participación en carácter de miembros de la asociación ilícita investigada y también en orden a varios hechos y planes delictivos perpetrados por aquella”.
“Resulta necesario que lo más prontamente posible puedan ser debatidos en la instancia de juicio aquellos hechos por los cuales los imputados fueron vinculados al proceso, quienes en algunos casos incluso continúan detenidos. En términos de la propia Cámara Federal se impone `la necesidad de la pronta remisión de estas actuaciones a la etapa de juicio oral´”, sostuvo el magistrado.
La causa se inició hace un año con una denuncia presentada por el empresario Pedro Etchebest quien sostuvo –y acompañó con pruebas fílmicas y mensajes de WhatsApp– que D´Alessio le estaba reclamado dinero para evitarle, a partir de su vínculo con el fiscal federal Carlos Stornelli, quedar involucrado en la causa de los cuadernos.
A lo largo de la investigación, Ramos Padilla determinó que D´Alessio reportaba parte de sus operaciones a los ex comisarios Bogoliuk y Degastaldi y que utilizaba, entre otras cuestiones, información proporcionada de manera ilegal por el fiscal Bidone.
En esta investigación también fueron procesados el fiscal Stornelli por haberle reclamado información al falso abogado para cuestiones personales pero también para volcarlas en expedientes judiciales, según surge del expediente; y el periodista Daniel Santoro, acusado de ser partícipe necesario para el desarrollo de los planes de D'Alessio.
“Cabe señalar que los autos de procesamiento dictados el respecto de Daniel Pedro Santoro y Marcelo D´Alessio y Carlos Ernesto Stornelli –respectivamente–, aún están siendo revisados por la Cámara de la jurisdicción ante los recursos planteados por sus defensas, por lo que los hechos y conductas que allí fueran objeto de resolución incriminatoria a su respecto no formarán parte del universo de sucesos que se hallan en condiciones de pasar a la siguiente fase procesal”, sostuvo el juez.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.