El Gobierno nacional pondrá en práctica, a partir de marzo, un régimen de reintegro a la compra con tarjetas de débito, beneficio que alcanzará a los jubilados que cobran el haber mínimo y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según los detalles a los que accedió Clarín, se financiará con fondos del Tesoro y tendrá un tope de hasta $ 700 por mes. No será un reintegro del IVA aunque, por los cálculos, será equivalente al "gasto" promedio de ese impuesto.
El mecanismo entrará en vigencia el mes próximo por lo que el reintegro, vinculado al consumo, se hará en abril. Este martes, la AFIP, que conduce Mercedes Marcó del Pont, anunciará los detalles del mecanismo.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno, esta medida beneficiará a unas 6 millones de personas y forma parte de un paquete de medidas "destinadas a los sectores más vulnerables".
En paralelo, la AFIP avanza junto al Banco Nación y las entidades privadas, para extender el uso del Posnet en los comercios. La intención es que se abarate el sistema y su utilización, ya que el reintegro solo se aplicará si el consumo se realiza con tarjeta de débito, por lo que mejora su eficacia si hay más puntos de pago online.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.