El titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, aseguró hoy que, tras el decreto presidencial que declaró servicio esencial a la telefonía fija y móvil, internet y cable, desde el organismo comenzarán a delinear hoy la puesta en marcha de una tarifa social para estos servicios.
En diálogo con El Destape Radio, Ambrosini dijo que hoy al mediodía, junto todos los directores de Enacom, iban a empezar “a diseñar una tarifa social que pueda cumplir con las expectativas de la gente. El objetivo es que la gente se pueda educar y acceder a un servicio lógico en cuanto a prestaciones", y sostuvo que la idea es que el servicio "tenga el alcance suficiente para evitar que en dos minutos te quedes sin datos o sin llamar por teléfono”.
En respuesta a críticas de la oposición al DNU firmado por el Ejecutivo, Ambrosini afirmó que “se habla de estatizaciones" cuando se está "muy lejos en el espíritu del DNU de tener esa concepción”.
El funcionario dijo que aún no tiene información respecto de si algunas empresas afectadas por el DNU irán a la Justicia, aunque aseguró que desde el organismo no tienen "ningún temor". "Sabemos de la manera que lo hicimos y de momento no tenemos ninguna comunicación de las empresas”, dijo.
El titular del Enacom agregó que “algunos personajes de la política hablaban de la desinversión y, si se compara con las prepagas, las empresas de medicina prepaga no dejaron de invertir porque se pusieron de acuerdo con el Gobierno en la formación de precios”.
Sobre la negociación con las empresas previa a la firma del decreto, Ambrosini relató que “propusieron aumentos que eran un poco elevados" y que entonces se les propuso "ver qué esfuerzo podían hacer". "No obtuvimos respuesta, y allí se comenzó a pensar la medida”, explicó.
Por su parte, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, indicó que además de la tarifa social que se establecerá para estos servicios, “el Enacom invertirá un fondo de mil millones de pesos en infraestructura en los barrios populares”.
El número dos del Enacom aseguró que el DNU es “una medida sensata” porque “en medio de la pandemia no se podía soportar un segundo aumento, ya que en marzo había habido un aumento de estos servicios”.
López explicó que, a través del decreto, “el Presidente (Alberto Fernández) considera la comunicación como un derecho humano básico, lo que hoy está reconocido por Naciones Unidas como algo imprescindible para el desarrollo de la vida humana”.
Además, aseguró el funcionario, “el tema era ver cómo el Estado recuperaba herramientas para dejar de ser un espectador cada vez que las empresas anunciaban aumentos de precios”.
Sobre los cuestionamientos de la oposición a los términos del decreto, López afirmó que “en la Constitución está incorporado el derecho del consumidor y los tratados internacionales de derechos humanos, y este derecho a la comunicación es un derecho humano básico”.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.