El intendente de Pinamar, Martín Yeza, reclamó la suspensión del fiscal Eduardo Elizarraga, a quien había denunciado el 2 de septiembre pasado por mal desempeño, falta de accionar y por tomarse atribuciones ajenas a su cargo.
A raíz de la entrevista que América TV le hizo esta mañana a Viviana Villena, en la que la mujer denunció la usurpación de su casa en Cariló y el archivamiento de la causa por parte de Elizarraga, el jefe comunal volvió a cargar contra el fiscal que el 20 de diciembre de 2015 asumió en la Fiscalía Descentralizada N°5, con competencia en casos de usurpaciones, estafas y defraudaciones conexas.
“Vamos a ampliar la denuncia, ya solicitamos la suspensión del fiscal Elizarraga, pero vamos a insistir”, anticipó antes de asegurar que “los vecinos y los ciudadanos de la República Argentina no se merecen estos funcionarios públicos”.
Desde Cariló, Villena contó que “la casa es propiedad de una Sociedad Anónima, de la cual yo soy presidenta y accionista. El 5 de enero de 2020 yo pasé por acá y la encontré ocupada por dos usurpadores, dos cuidadores que sólo tenían dos reposeras y una Ford Eco Sport, que no se condecía con el lugar. Fuimos a la policía y se armó el primer escándalo: ‘Ustedes tienen que ir a hacer la denuncia’. Resulta que protegieron a los ocupantes de dos reposeras…. Y después se aprovecharon de la pandemia. Esta gente es de Mar del Plata, porque el auto que tienen cuenta con 8 multas en la ruta 2, de ida y vuelta”.
Según la denunciante, quienes estaban en la casa “mostraron falso contrato de alquiler, truchísimo. Teóricamente es con mi empresa, pero con un apoderado de apellido López que no existe. El 5 de enero radiqué la primera denuncia penal de usurpación ante el fiscal Elizarraga y no se sabe por qué la archivó. Ahora cuando pude venir a Pinamar en noviembre resulta que habían remodelado y pintado la casa, cambiaron toda la fachada, había 10 personas en la pileta…”.
Por su parte, Yeza indicó que “no solamente usurparon la casa, lo cual es un delito. Entre sus posesiones tienen vehículos con los grabados de los vidrios tachados y con patentes mellizas: delincuentes al cuadrado”, agregó el alcalde de Pinamar, que compartió una foto de una camioneta Jeep con la matrícula tapada digitalmente. “La policía constató que tenían un auto mellizo. Claramente son estafadores profesionales”, agregó Villena.
Le usurparon su casa en Cariló: hasta le hicieron refacciones en la vivienda
— América TV (@AmericaTV) November 3, 2020
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15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.