“Estamos para ayudar, el resto no importa, el resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente”, aseguró el presidente Alberto Fernández al encabezar un acto por las primeras mil obras realizadas durante su gestión.
El sábado 13 de marzo, el primer mandatario fue atacado luego de aterrizar en el Sur. La comitiva estaba compuesta por la primera dama, Fabiola Yáñez, los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.
Los ataques se registraron en las inmediaciones del centro de operaciones de Lago Puelo. Por los incidentes, se canceló una conferencia de prensa que se iba a realizar en la escuela provincial 108, ubicada a metros del municipio de Lago Puelo.
Esta mañana, detuvieron a seis personas por el ataque y el fiscal general de Chubut aseguró que la investigación está avanzada. “Soy el presidente que más desea que las diferencias entre nosotros no nos dividan. Vivamos con diferencias, pero que las diferentes ideas, diferentes posturas, diferentes miradas, no nos enfrenten. Lo que necesitamos es tirar todos para el miso lado”, planteó Fernández este lunes.
Y agregó: “Cuando algunos gritan, se equivocan, me hacen más fuerte, más me convencen de que este es el camino que debo seguir y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos la oportunidad de ponernos de pie y de salir, de pasar este tiempo ingrato de la pandemia que tanto dolor nos ha causado”.
Durante su discurso, el jefe de Estado también se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri. “¡Cuánto nos posterga esa deuda en la que nos han metido! Ahora todos están ansiosos por que arreglemos y yo también lo estoy, pero no vamos a arreglar a costa de los argentinos. Cuando digo estas cosas, no las digo para generar divisiones, las digo para que tengamos memoria y no repitamos más semejante historia”, suscribió.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.