De extensa trayectoria en el peronismo bonaerense, y con un marcado protagonismo en la etapa kirchnerista, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se sumará a la nueva etapa de la gestión del gobernador Axel Kicillof como jefe de Gabinete, en reemplazo de Carlos Bianco.
Insaurralde llegó a la intendencia de Lomas de Zamora, uno de los principales distritos de la Tercera Sección electoral, en 2009, después de que el entonces jefe comunal Jorge Rossi renunciara a su cargo. En 2011, Insaurralde ganó por primera vez y se convirtió en uno de los alcaldes de la renovación del peronismo del Gran Buenos Aires.
Su salto a la política mayor llegaría en 2013, cuando fue el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, aunque en diciembre de 2014 presentó la renuncia a su banca, consignó la Agencia Télam.
“Uno debe encontrar el lugar útil para poder transformar y creo que desde la gestión, desde el estar cotidiano con mis pares, los intendentes somos el motor, el primer mostrador del Estado para poder transformar la realidad y ocuparnos de los problemas de la gente", dijo aquella vez, en declaraciones a La Red.
En 2015, el lomense fue reelecto en el municipio y, desde ese rol, se convirtió en uno de los principales interlocutores del PJ con la entonces gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal; un referente de su espacio como Federico Otermín quedó a cargo de la Cámara de Diputados provincial.
Insaurralde fue ganando influencia en el peronismo bonaerense a partir de la victoria del Frente de Todos (FdT) en las elecciones nacionales de 2019, a punto tal que selló una alianza territorial con el jefe de La Cámpora y presidente del bloque de diputados nacionales, Máximo Kirchner.
El intendente de Lomas de Zamora fue el principal impulsor de la postulación del hijo de Néstor Kirchner como presidente del PJ Bonaerense, en busca de darte una nueva impronta al aparato partidario provincial.
Justamente, esa última fue la misma razón por la que Kicillof lo convocó, ahora, para conducir el gabinete provincial y comandar tanto la gestión como la campaña para las elecciones legislativas del 14 de noviembre.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.