La legisladora del Frente de Todos por la quinta sección electoral, Gabriela Demaría, presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada el pasado 26 de octubre, e implemente medidas para su aplicación en el territorio bonaerense.
Cabe recordar que la Ley Nacional busca “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas alcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas”.
En ese sentido, “se deberá advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías” incorporando en la parte frontal de los envases o envoltorios un sello octogonal negro con letras blancas que informe sobre esa situación.
En este marco, la senadora Demaría propuso una serie de medidas específicas para la implementación de esta norma en la Provincia. En esa línea, el proyecto impulsa la creación del Registro Provincial de Infractores y promueve que cualquier consumidor, consumidora, usuario, usuaria o asociación de consumidores esté facultado a realizar denuncias ante eventuales incumplimientos a la mencionada Ley.
“Resulta fundamental otorgar herramientas para que las/os consumidoras/es y usuarias/os bonaerenses puedan ejercer un control sobre el debido cumplimiento de la ley”, argumentó Demaría, actual presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado.
La implementación de un Registro de Infractores Provincial de carácter público pretende “por un lado, otorgar transparencia al régimen y satisfacer el derecho a la información de los/as consumidores/as; y, por el otro, constituir un elemento de disuasión para los sujetos pasivos que potencialmente puedan incurrir en incumplimientos a la normativa instituida en la Ley Nacional”, expresa la letra del proyecto que ingresó en el Senado bonaerense.
La Ley de Etiquetado Frontal es “una herramienta importantísima de salud pública, que permitirá abordar distintas problemáticas como los elevados índices de sobrepeso que en Argentina afectan al 41% de las niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 17 años, así como también promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”, sostuvo la senadora Demaría, a la vez que celebró la sanción de la norma que “garantiza el derecho de la población a acceder a la información sobre lo que consume y busca promover una alimentación saludable”.
18 de junio. El gobernador bonaerense entregó más de 450 escrituras gratuitas, inauguró una nueva planta productiva de Atalaya, otorgó viviendas para efectivos policiales y puso en marcha un nuevo centro universitario. También entregó netbooks y anunció inversiones para fortalecer el desarrollo local.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.