El Fondo Monetario Internacional (FMI) investigará el préstamo millonario que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri en 2018. Los propios voceros del organismo darán a conocer esta información en las próximas horas.
Ayer, el presidente Alberto Fernández le había reclamado al FMI una "evaluación" del préstamo stand-by de 2018, como paso previo al acuerdo.
"tenemos que evitar que pase lo que pasó con el programa anterior y que tanto daño le hizo a la Argentina. Le pedimos al FMI que antes de que cerremos un nuevo acuerdo haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y financiar salida de capitales. Necesitamos que el FMI haga esta evaluación", remarcó.
En 2018 el FMI concedió al gobierno de Mauricio Macri un préstamo por u$s57.000 millones (de los que finalmente llegaron u$s44.000 millones). Según un informe del Banco Central de 2020 entre diciembre de 2015 y fines de 2019 la fuga de capitales superó los u$s86.000 millones.
El acuerdo vigente obliga al pago de vencimientos en 2022 y 2023 por más de u$s19.000 millones cada año y por cerca de 5.000 millones en 2024.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.