El Gobierno nacional pagará un bono extraordinario en abril de 6.000 pesos a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, y también a titulares de pensiones no contributivas.
La medida fue tomada como forma de fortalecer sus ingresos ante la suba de precios de los alimentos registrada en las últimas semanas.
El beneficio alcanza a un total de 4,6 millones de personas destinatarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que tienen ingresos previsionales menores a 38.630 pesos.
El anuncio se hizo luego de la reunión que mantuvieron esta tarde el presidente Alberto Fernández y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, en el despacho del mandatario en Casa Rosada.
El propio Fernández publicó luego en su cuenta de Twitter el monto y la cantidad de beneficiarios y escribió: “Así, fortalecemos los ingresos de nuestras adultas y adultos mayores”.
“Estamos haciendo todo a nuestro alcance para cuidar a las familias argentinas”, señaló el jefe de Estado, quien acompañó el texto con un video en el que expresa: “Buscando recomponer el ingreso de los jubilados y las jubiladas, además de los aumentos que trimestralmente reciben, hemos dispuesto un bono especial de 6.000 pesos”.
“Sí, para los jubilados y pensionados: 4.600.000 personas que, , con terminación de documento 0, van a estar cobrando este bono de 6.000 pesos”, completó el mandatario.
El bono, que se pagará los días hábiles corridos según terminación de DNI a partir del 18 de abril, será de 6.000 pesos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciban ingresos hasta un haber mínimo, equivalente a 32.630 pesos, y quienes tengan ingresos desde esa cifra hasta 38.630 pesos recibirán la diferencia hasta completar dicho monto.
#NUEVOBONO DE $6000 PARA 4,6 MILLONES DE JUBILADAS, JUBILADOS Y PENSIONADOS.
— Alberto Fernández (@alferdez) April 4, 2022
Así, fortalecemos los ingresos de nuestras adultas y adultos mayores. Estamos haciendo todo a nuestro alcance para cuidar a las familias argentinas. pic.twitter.com/rRBsuc9hdM
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.