La diputada del Frente de Todos por La Rioja Hilda Aguirre solicitó "la destitución" del diputado del PRO por Neuquén Francisco Sánchez, quien reclamó la instauración de la pena de muerte para delitos de corrupción tras conocerse la solicitud de condena a 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad. Basura fascista: un diputado PRO pidió "pena de muerte" para Cristina
En un mensaje de su cuenta de la red social Twitter, el diputado Sánchez (conocido por sus posiciones antiderechos, homofóbicas y misóginas) escribió: "12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria".
En la mañana de este miércoles y para repudiar esas afirmaciones, Aguirre envió una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para solicitar la "expulsión" del cuerpo del diputado del PRO. "Se solicita la destitución del cargo de DIputado Nacional que ostenta el ciudadano Francisco Sánchez por inobservancia de la Constitución Nacional, obligación que contrae al momento el cargo de funcionario público, la misma establece en su Art. 18 la abolición para siempre de la pena de muerte por causas políticas", reza el proyecto.
En el texto, se afirma que "el legislador mencionado utilizó ayer sus redes sociales para pedir la pena de muerte para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".
Asimismo, el pedido agregó que "conocido por sus posiciones misóginas y violentas esta vez Sánchez cruzó el limite del odio y la provocación, pidiendo públicamente la pena capital para una de las principales figuras políticas del país".
Hacia el final del proyecto de resolución, el texto reclama "excluir de su seno al Diputado Nacional Francisco Sánchez, representante por la provincia de Neuquén, por manifiesta inhabilidad moral, de acuerdo a lo establecido por el artículo 66 de la Constitución Nacional". Hasta el momento ningún dirigente o referente de Juntos por el Cambio se expresó en rechazo a la virulenta proclama de Sánchez.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.