Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron denuncias por dos amenazas de bomba en Casa Rosada (Balcare 50) y el Ministerio de Defensa (Azopardo 250). Tras recibirse llamados dirigidos al 911 -fueron un total de dos y se efectuaron pocos minutos antes de las 20-. Mientras que sobre el presunto explosivo que habría de encontrarse dentro de la Casa de Gobierno no se espefició su ubicación, sí se lo hizo con el otro detonante al señalar que habría sido colocado en el segundo piso del edificio.
Integrantes de la Policía Federal Argentina junto con personal de la Brigada de Explosivos y bomberos se dirigieron a las locaciones detalladas. En respuesta al escenario en desarrollo, se decidió evacuar al personal dentro de ambas instalaciones. El hecho se produjo en el marco de la participación del presidente Alberto Fernández en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, evento al que asistió junto al ministro de Defensa Jorge Taina y que tuvo lugar en el edificio Libertador.
Tras el desarrollo del operativo, y según pudo conocer este medio, se confirmó la ausencia de bombas tanto en la Casa Rosada como el Ministerio de Defensa. “La situación está controlada, se activaron los protocolos correspondientes y que no se requiere cooperación de Policía de la Ciudad dado que es negativo el artefacto”, señala el parte policial.
No es la primera vez que ocurre un incidente de este estilo, por lo menos con la Casa de Gobierno como objetivo. El 30 de diciembre de 2021, un hombre se comunicó con la Policía de la Ciudad y anticipó que colocaría un explosivo en el lugar, donde en ese momento se hayaba el Presidente.
Más recientemente, el pasado mes de junio, hombre alertó al 911 por una extraña caja negra en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En consecuencia, tal y como ocurrió a horas de la noche de este jueves, la Brigada de Explosivos se hizo presente en el lugar para inspeccionar el artefacto y llevar a cabo una detonación controlada de ser necesaria. Tras tomar control de la situación, se constató que se trataba solamente de manuales y libros.
02 de febrero. Juan Ibarguren anticipó que apelará la medida cautelar del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que suspendió las actividades motorizadas en La Frontera. Afirmó que se trata de una práctica “cultural” de Pinamar, defendió su impacto económico y pidió más controles en lugar de prohibiciones.
02 de febrero. El intendente Juan Pablo García confirmó un nuevo incremento salarial que se cobrará con los haberes de febrero. El aumento impacta en el sueldo básico, alcanza a jubilados municipales y consolida una recomposición que quedó por encima de la inflación.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.