General Lavalle lanzó un Plan de Regularización Territorial. El intendente José Rodríguez Ponte firmó un decreto y lo envió al Concejo Deliberante para que “se evalúe un programa especial que permitirá relevar e identificar terrenos o viviendas que estén en situación de desamparo o abandono”.
La iniciativa propiciada por el jefe comunal se basa en la problemática inmobiliaria de los vecinos de General Lavalle que no encuentran terrenos o viviendas en las distintas localidades del partido para realizar las compras de las mismas y acceder a una vivienda propia.
El Municipio informó que el objetivo “es determinar sitios que desde hace tiempo no son habitados para evaluar su situación en cuanto al pago de tasas municipales e identificar a sus propietarios”.
El escrito enviado por Rodríguez Ponte al Concejo Deliberante fundamente la iniciativa a raíz de “una situación acuciante de falta de acceso a viviendas” y también de la situación de mora en el pago de tasas que existe en todo el distrito.
Este escenario podría habilitar, a través de mecanismos judiciales, “la oportunidad de iniciar regularizaciones en favor de interesados que se comprometan a habitar, mejorar y cumplir con las obligaciones con el municipio”.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.