El conflicto gremial entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar (STMP) y el Municipio, que comenzó el 19 de agosto pasado por la falta de pago de las bonificaciones que establece el convenio colectivo de trabajo, sigue escalando. A raíz de la falta de respuestas del Poder Ejecutivo local, el STMP empezó con una medida de fuerza de 5 horas, que luego extendió a la totalidad de la jornada laboral (7 horas). Ahora, el intendente Martín Yeza decidió tercerizar servicios que habitualmente brindan los trabajadores municipales bajo el argumento de que es más barato.
“Así como el gremio considera que tiene el derecho a protestar, nosotros tenemos el derecho a descontar las horas no trabajadas y a no dejar rehenes a los vecinos de Pinamar y a nuestros contribuyentes. La parábola de los gremios estatales, que pretenden condicionar a un gobierno y a la población si no les dan lo que quieren, termina en que es más conveniente tercerizar los servicios”, explicó Yeza en su cuenta de Twitter, en un alto de su prolífica actividad proselitista en la misma red social a favor de las candidaturas de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.
El jefe comunal contrató una empresa privada (Arvial S.A.) para cubrir servicios como el de las motoniveladoras, y analiza extender esa modalidad a otros sectores, como bacheo, alumbrado y el mantenimiento del Punto Verde. “En vez de pagar horas extra, voy a poner esos recursos en un privado, que por la misma plata hace más cosas. En un día, dos motoniveladoras tercerizadas hacen el trabajo de cuatro motoniveladoras municipales en casi tres días. Iremos hacia un ente mixto”, afirmó Yeza en La Nación.
Desde el sindicato, afirmaron que el gasto termina siendo mayor con los privados y que con la tercerización se despilfarraron recursos públicos. “El municipio endureció su postura con la tercerización de sectores como el de las motoniveladoras, gastando $ 38.100 por cada hora. A diez horas, son $381.000 diarios. Haciendo las siete horas de la jornada de un municipal, más tres horas extras, con dos cargas de combustible, estamos en un gasto de $ 68.000 diarios. No se está cuidando el dinero del erario público”, indicó Enrique Giménez, secretario general del STMP, a La Nación.
Yeza dijo que pagó la hora de las motoniveladoras $ 37.500, y que, por las 200 horas que contrató, gastó $ 7.500.000. “Solo en un área, son 19 millones de pesos de ahorro”, mensuró el jefe comunal al incluir en ese cálculo lo que no pagará al aplicar los descuentos por el paro y los gastos en combustible de las máquinas.
El paro de los municipales de Pinamar se inició –según Giménez– porque “el 22 de marzo firmamos el convenio colectivo de trabajo y no hubo respuesta en pagos de bonificaciones que da el convenio. Se aplicó el refrigerio y un retroactivo, pero no se pagó el 20% de nocturnidad, tareas de maestranza para compañeros del hospital y tareas riesgosas también para empleados del hospital”.
“En la primera audiencia, el Poder Ejecutivo dijo que no tenía el número de trabajadores que cumplían con las tareas, y lo aportamos; en la segunda, nos dijeron que iban a hacer el cálculo y se pagaba en septiembre; después de las PASO, nos dijeron que no iban a pagar por la devaluación”, agregó secretario general del STMP.
Yeza afirmó que los municipales “fueron al conflicto total cuando [Sergio] Massa hizo la devaluación. Pedimos que nos dejaran ver, que se estabilice la moneda. El artículo 2º del convenio dice que entra en vigor en 2025, ellos dicen que es un error de tipeo. Además, no está homologado por el Concejo Deliberante”. Lo que resulta curioso, si es como dice Yeza, es que el Municipio haya aceptado negociar ahora por algo que debería regir recién en 2025…
Pablo de Iraola, secretario gremial del STMP, anticipó esta tarde que el viernes a las 10:30, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en La Plata, habrá una nueva audiencia para tratar de destrabar el conflicto. Están convocados el Poder Ejecutivo de Pinamar y el Sindicato, que estará respaldado por el cuerpo legal y técnico de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo).
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.