La referente de La Libertad Avanza en Dolores, Milena Suárez, ratificó que su espacio presentará lista propia en las elecciones legislativas de septiembre y descartó un acuerdo con el exintendente Camilo Etchevarren, del PRO, con quien mantuvo diferencias públicas en los últimos meses.
En diálogo con Radio Dolores, Suárez aseguró que “para junio vamos a tener la lista cerrada y con referentes locales que representen al proyecto de Javier Milei”, y remarcó: “Nosotros somos La Libertad Avanza. No vamos a hacer frente con ninguna otra fuerza”.
Las declaraciones se dan en medio del debate interno que atraviesan el PRO y LLA en distintos distritos bonaerenses, donde en las altas esferas hay conversaciones para confluir en listas únicas, aunque también fuertes resistencias. En Dolores, Suárez es una de las dirigentes que sostiene la necesidad de mantener una identidad política diferenciada.
Consultada sobre la posibilidad de un entendimiento con quien fuera intendente dolorense entre 2007 y 2023, expresó: “Hoy no lo veo posible. Es difícil lograr un diálogo con alguien que pretende imponerse como si fuera el dueño de una boleta que no le pertenece”. Y agregó: “Nosotros denunciamos hechos graves en su gestión. La justicia local no actuó con independencia, y muchas de esas causas fueron archivadas en Bahía Blanca”.
Sin dar nombres, Suárez, que supo ser una dirigente cercana al ex intendente peronista Alfredo Meckievi, remarcó que dentro de La Libertad Avanza no hay lugar para quienes usaron el Estado para enriquecerse: “Si sos corrupto, te van a sacar. Esa es la línea que nos marcó Milei y que sostenemos en todos los niveles”.
Además, la dirigente celebró el resultado obtenido por LLA en la reciente elección porteña, donde la lista encabezada por Manuel Adorni se impuso, y lanzó un mensaje al PRO: “Falleció el PRO: quedó tercero en su principal distrito”, escribió en sus redes sociales.
La interna opositora en Dolores promete escalar en las próximas semanas, a medida que se acerca el cierre de listas del 19 de julio. Mientras tanto, desde LLA afirman que trabajan para consolidar una opción “nueva, clara y sin ataduras con el pasado”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.