El Juzgado Federal de Dolores ordenó al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, por el cual el Gobierno de Javier Milei contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El fallo responde a un amparo presentado por el CELS y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (CAIP).
La sentencia sostiene que el Ministerio violó la Ley 27.275 de Aceso a la Información Pública, ya que primero aceptó el pedido y hasta pidió una prórroga para responder, pero luego cambió de criterio y derivó el trámite a un proceso administrativo restrictivo. El juez fue categórico: el Estado debe priorizar la ley sancionada en democracia y con consenso, por encima de normas heredadas de un gobierno de facto.
El fallo remarca que la información pública no pertenece al Estado, sino a la sociedad, y que el acceso a esos documentos es un derecho humano fundamental. La propia Corte Suprema ya había establecido que rige el principio de “máxima divulgación”: toda la información es pública salvo excepciones muy puntuales.
La causa cobra relevancia porque el DNU no detalla las condiciones del empréstito. En otras palabras, el Gobierno contrajo una deuda millonaria sin explicar bajo qué términos ni con qué impacto al futuro. Para la Justicia, es obligación del Ministerio transparentar esos datos, porque afectan directamente la vida económica de todos los argentinos.
Además, el fallo cuestiona las maniobras del Ministerio de Economía para ocultar información clave: al no entregar el expediente, buscaba que el reclamo se pierda en trámites burocráticos. Esa conducta, advirtió el juez, atenta contra el derecho ciudadano a controlar las decisiones estatales.
En síntesis, el Gobierno tiene ahora cinco días para responder y mostrar los documentos que explican cómo se negoció y bajo qué condiciones se firmó el acuerdo con el FMI. Un fallo que salió desde Dolores, pero que impacta en todo el país.
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