Un decreto del intendente del municipio, Carlos Fernando Arroyo, dispuso la denominada "tolerancia cero" que hasta el momento regía exclusivamente para los choferes profesionales. La sanción para particulares solo correspondía cuando se constataba más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, informó LA NACION.
La medida fue repentina, pero tiene como trasfondo la lamentable cotidianeidad de las tragedias viales en estas calles. Aunque todavía falta la confirmación de cifras oficiales, en lo que va de este año se registraron más de 40 muertes derivadas de choques, despistes y peatones atropellados por algún automotor. Más claro aún: un caso fatal cada cinco o seis días según quién lleve el registro de casos.
"Esta decisión corresponde a la preocupación que nos genera la gran cantidad de accidentes de tránsito que hay en la ciudad, que en su mayoría son a causa del alcohol", afirmó el jefe comunal a LA NACION al justificar una resolución con la que incluso sorprendió a muchos de sus propios colaboradores más cercanos.
El decreto municipal 1980/2018 dispone prohibición absoluta de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos "y/o cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud para conducir" vehículos. Y deja en claro que todo aquel que esté al volante de un automotor "queda obligado a someterse a los procedimientos necesarios que indique la autoridad de contralor para determinar su estado de intoxicación". Negarse a estos controles se considera falta grave y puede ameritar multas que hoy llegan hasta los $20.000.
La infracción siempre implicará retención de la licencia de conductor, inhabilitación para manejar automotores por 6 a 18 meses (ley 15.002) y multas de acuerdo al nivel de consumo detectado. Hasta 500 miligramos de alcohol por litro de sangre se sancionará con un mínimo de 250 unidades fijas (UF), cada una de ellas equivalente al menor precio de mercado de un litro de nafta. En estos días, representaría unos $8300.
Cuando el alcoholímetro marque más de 500 miligramos, el juez podrá aplicar hasta 20.000 (UF). El decreto también establece que habrá 50% de descuento por pago sin reclamo (reconocimiento voluntario de la infracción) y un máximo de cuatro cuotas en los casos en los que se pueda constatar que el sancionado posee escasos recursos.
06 de febrero. Tras el robo de seis placas conmemorativas del Monumento a los Héroes de Malvinas en Las Toninas, el intendente Juan de Jesús presentó una denuncia judicial, calificó el hecho como de gravedad institucional y ordenó investigar lo ocurrido. Desde el Museo de Malvinas de Santa Teresita piden colaboración a la comunidad para recuperarlas.
05 de febrero. Nicolás Riccardi, que tenía 16 años, fue apuñalado en el corazón, cerca de la laguna cuando intentaba escapar de sus agresores, en la madrugada del 15 de enero de 2024.
04 de febrero. La fiscalía pidió cambiar la carátula de “homicidio en grado de tentativa” a “lesiones graves”, por lo que se dispuso su liberación. “Se descartó el dolo homicida”, dijeron fuentes judiciales sobre el ataque a Thiago, quien declaró por videollamada desde el hospital.
04 de febrero. La familia aguarda los resultados del nuevo examen de ADN para poder identificar, por fin, al quinto culpable del crimen de la adolescente de 15 años, ocurrido el 4 de febrero de 2001.
04 de febrero. Su mamá, Macarena Collantes, contó que “nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”. El pequeño de 8 años está internado desde el 12 de enero, cuando sufrió un grave accidente en los médanos de “La Frontera”, y el lunes había sido operado por 7ª vez.
04 de febrero. El Día del Profesional del Rescate Acuático, tal es la denominación oficial adoptada en 1989, cambió en 2011. Cuáles fueron las razones.
03 de febrero. El ex policía Francisco Reddy, quien vivía en Dolores, está acusado de matar a su padre, su hermano menor y a la esposa de su progenitor en diciembre de 2023.
03 de febrero. Una advertencia del FBI por mensajes con odio racial, antisemitismo y amenazas a escuelas derivó en allanamientos en Miramar y otras ciudades del país. Se secuestraron armas blancas, municiones, dispositivos electrónicos y material con simbología nazi. La causa está caratulada como “Intimidación Pública” y sigue en investigación.