Un decreto del intendente del municipio, Carlos Fernando Arroyo, dispuso la denominada "tolerancia cero" que hasta el momento regía exclusivamente para los choferes profesionales. La sanción para particulares solo correspondía cuando se constataba más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, informó LA NACION.
La medida fue repentina, pero tiene como trasfondo la lamentable cotidianeidad de las tragedias viales en estas calles. Aunque todavía falta la confirmación de cifras oficiales, en lo que va de este año se registraron más de 40 muertes derivadas de choques, despistes y peatones atropellados por algún automotor. Más claro aún: un caso fatal cada cinco o seis días según quién lleve el registro de casos.
"Esta decisión corresponde a la preocupación que nos genera la gran cantidad de accidentes de tránsito que hay en la ciudad, que en su mayoría son a causa del alcohol", afirmó el jefe comunal a LA NACION al justificar una resolución con la que incluso sorprendió a muchos de sus propios colaboradores más cercanos.
El decreto municipal 1980/2018 dispone prohibición absoluta de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos "y/o cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud para conducir" vehículos. Y deja en claro que todo aquel que esté al volante de un automotor "queda obligado a someterse a los procedimientos necesarios que indique la autoridad de contralor para determinar su estado de intoxicación". Negarse a estos controles se considera falta grave y puede ameritar multas que hoy llegan hasta los $20.000.
La infracción siempre implicará retención de la licencia de conductor, inhabilitación para manejar automotores por 6 a 18 meses (ley 15.002) y multas de acuerdo al nivel de consumo detectado. Hasta 500 miligramos de alcohol por litro de sangre se sancionará con un mínimo de 250 unidades fijas (UF), cada una de ellas equivalente al menor precio de mercado de un litro de nafta. En estos días, representaría unos $8300.
Cuando el alcoholímetro marque más de 500 miligramos, el juez podrá aplicar hasta 20.000 (UF). El decreto también establece que habrá 50% de descuento por pago sin reclamo (reconocimiento voluntario de la infracción) y un máximo de cuatro cuotas en los casos en los que se pueda constatar que el sancionado posee escasos recursos.
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