El obispado de Puerto Montt, Chile, decidió suspender de su ministerio al sacerdote Roberto Agustín Barco, quien hasta 2009 se desempeñó en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Dolores.
Según una investigación que publicó La Nación, firmada por Mariana García, Barco había sido investigado en Los Ángeles, Estados Unidos por abuso sexual contra un menor de edad" y allí se le había prohibido ejercer el sacerdocio. Pese a ello, continuó dando misa y fue trasladado a Cochamó, un pueblo del sur del Chile. Luego de conocida la investigación periodística que daba cuenta de los abusos cometidos por sacerdotes en la Argentina, el obispado chileno ordenó la sanción más arriba mencionado.
El informe fue difundido el año pasado por la arquidiócesis de Los Ángeles y recoge una denuncia presentada en 2016 sobre un caso ocurrido seis años antes. Luego de que se le prohibiera ejercer el sacerdocio en ese lugar, fue trasladado a Chile donde lo ejerció normalmente hasta su separación. Ante la consulta del matutino, el sacerdote de 65 años negó totalmente tener responsabilidad en esta situación.
Según el sitio BishopAccountability.org, que sigue los casos de abusos cometidos por sacerdotes católicos, Barco fue destinado a la parroquia de San Salvador en Colton en 2009 y posteriormente a la parroquia de St. Louis en Cathedral City del 2011 al 2014, ambas en el estado de California. Fue destituido en mayo de 2016 y regresó a la Argentina, desde donde fue trasladado a Chile.
El tema de los abusos de menores por parte de sacerdotes no es desconocido en Dolores: en 2015 el obispado de Chascomús, del que depende esta ciudad, excluyó del sacerdocio a Rodolfo Hamerler que fue párroco de Nuestra Señora de los Dolores por cuarenta años. Los hechos de los que se lo acusaron habían comenzado en 1975 y continuaron durante todo el período en que estuvo al frente de la parroquia. Este caso no figura dentro de los mencionados por la investigación de La Nación.
Según este medio, en los últimos 20 años hubo en el país 63 con denuncias consistentes de abuso sexual. En 17 casos hay una condena judicial y en 22 un proceso judicial en marcha. A esos hay que sumarles los 24 con acusaciones consistentes, pero que nunca fueron judicializadas (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco).
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