La posición de Defensoría del Pueblo, que conduce Guido Lorenzino, se apoya en un informe realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, que detalla el impacto de la multiplicación en los últimos dos años de denuncias que señalan requisas y aprehensiones arbitrarias en la vía pública y posteriores traslados a dependencias policiales por tenencia de estupefacientes para consumo personal.
Según el trabajo, casi la totalidad de los procedimientos se realizaron en la vía pública y las víctimas fueron jóvenes que, por su apariencia física, aspecto o vestimenta, habrían sido sometidos a interceptaciones, cacheos y requisas personales, cuyo resultado fue el secuestro de ínfimas cantidades de sustancias, principalmente marihuana, que estaban destinadas al consumo personal en ámbitos privados.
Según las últimas estadísticas disponibles del Ministerio Público bonaerense, la judicialización pegó un salto en 2018: casi el 29% del total de causas por violación de la Ley de Estupefacientes se iniciaron por tenencia para consumo personal. Hubo 6.634 causas más en toda la Provincia respecto a 2017, y en total se llevaron adelante 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), para lo cual se tuvieron que destinar recursos humanos y económicos del Poder Judicial y de las fuerzas policiales.
Este último punto también se destaca en el informe: si se tiene en cuenta el cálculo realizado por el juez de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, la tramitación de cada una de estas causas le genera al Estado un costo no inferior a los $ 10.000. Por lo tanto, si sólo se toma como referencia la cantidad de causas registradas en 2018 por tenencia para consumo, el gasto anual ascendería a los 183 millones de pesos.
“La necesidad del poder político de mostrar mejores estadísticas y los resultados de los procedimientos policiales terminaron por vulnerar los derechos de cientos de personas”, sostuvo Martello.
En ese sentido, la Defensoría planteó una serie de propuestas para revertir esta realidad. En primer lugar, modificar la Ley de Estupefacientes, una norma de 1989, para evitar la persecución judicial de usuarios y cultivadores, incluyendo en el debate los puntos de vista de los consumidores.
El organismo también reclamó revisar la Ley de Desfederalización Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, una medida adoptada en 2005 para que las provincias tengan competencia en materia de estupefacientes para los delitos menores, principalmente comercialización, tenencia y consumo. En este esquema, los organismos nacionales centrarían su atención sólo en el comercio ilegal en gran escala, pero como resultado se generó un debilitamiento de las políticas federales que debían marcar el rumbo y los pasos a seguir en materia de combate al narcotráfico y prevención de adicciones.
La Defensoría señaló a su vez la necesidad de declarar la emergencia en materia de adicciones en todo el país, dotando de recursos al sistema de prevención y asistencia de las adicciones, con el compromiso de todos los gobiernos provinciales, y la capacitación para los operadores judiciales y administrativos y de seguridad respecto a lo que representa la política de drogas con perspectiva de género y derechos humanos, para adoptar un enfoque integrado y equilibrado vinculado a la salud pública.
“Es necesario avanzar hacia una actualización de las normas para que los consumidores dejen de ser criminalizados, y que tengan el derecho de poder realizar una actividad que forma parte de su cultura y de su estilo de vida, con reglas claras y sin perjudicar a otras personas, incluso como forma de contrarrestar los mercados ilícitos y sus consecuencias”, puntualizó Lorenzino.
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