La causa de Marcelo D’Alessio avanza, a pesar de las restricciones que trae la pandemia, y revela ramificaciones hacia una red que habría lavado, en una operación, 500 millones de euros.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pidió ayer la detención de dos personas más, acusadas de formar parte de esta red que, según indica en la resolución, tendrían la función de “obtener financiamiento para los gastos requeridos por las decenas de operaciones de inteligencia ilegal que llevaron adelante en forma paralela al menos desde 2016”.
Además, sostuvo que los fondos que se lavaban podrían provenir del narcotráfico. Por ello, solicitó la detención de Aldo Sánchez y reiteró el pedido de detención del prófugo Marcelo González Carthy de Gorriti, quienes conformaban con Marcelo D’Alessio, Ricardo Oscar Bogoliuk y Pablo Leonardo Bloise, el Grupo Buenos Aires, dedicado a la utilización de empresas de fachada para apoyar las actividades de lavado de activos, a partir de paraísos fiscales.
En la resolución de Ramos Padilla se narra una operación que se desarrolló entre marzo y diciembre de 2018, que involucró 500 millones de euros y que se realizó a través de cuentas en las islas Comoras, un paraíso fiscal, y bancos de Turquía, Austria y Estados Unidos. Una de las empresas que se utilizó en la operatoria está mencionada en los Panamá Papers.
Para el juzgado de Dolores, se trata de “una organización criminal que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales, y que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros”. Los investigadores están convencidos de que la organización es muy extensa, de tipo modular y que, de acuerdo con las diferentes operaciones, iba conformando diferentes grupos, como este “Grupo Buenos Aires”.
También está claro que “para sus fines delictivos, la organización tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los poderes del Estado y también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa, que fueron claves para el éxito de sus operaciones”. Recordemos que fueron involucrados en esta causa el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro.
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