El fin de semana los grupos de WhatsApp y en las redes sociales se cruzaron fuertes críticas a la Municipalidad de General Lavalle por la aparición de un control de velocidad al parecer "trucho", sobre la Ruta 11 a la altura del kilómetro 323 (Santa Teresita).
Si bien desde la Municipalidad de General Lavalle no realizaron declaraciones, la camioneta donde estaban los trabajadores estaba con imágenes de General Lavalle.
Ante la consulta de ENTRELÍNEAS.info, desde la Dirección Nacional de Vialidad han explicado en su momento que para que un dispositivo de medición de velocidad de un vehículo sea legal debe cumplir con varias aprobaciones. El Ministerio de Industria debe legalizarlo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) debe verificar si el aparato mide bien la velocidad.
Además, se necesita la autorización de uso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La Dirección Nacional de Vialidad luego autoriza su emplazamiento en rutas nacionales. Por eso, cuando a un radar le falta alguna de estas habilitaciones, la multa pasa a ser nula.
El costo total de la tramitación de un radar ronda los 60 mil pesos, dependiendo de la zona. Según la marca, el aparato vale entre 500 mil y 800 mil pesos por lo que no es habitual que haya tantos en tramos tan cortos.
Cuando se paga una multa trucha, el 30% va para el municipio y el 70% a la empresa que puso el radar. Cuando la multa es legal, el 30% se destina a la ANSV. Al municipio le queda alrededor del 20% y el resto va al ente privado que compró los radares, explicaron a Clarín desde la Comisión Nacional de Vialidad.
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