Crimen de Luciano Olivera en Miramar: el nuevo policía imputado negó haber colaborado con el responsable del hecho

Alejandro Nahuel Cepeda, el quinto policía imputado en el crimen de Luciano Olivera (16), ocurrido en Miramar el pasado 10 de diciembre, declaró este martes en la Unidad Fiscal Descentralizada local y negó haber tenido participación de cualquier manera.

Según indicó el diario La Capital, Cepeda se presentó esta mañana ante la fiscal, Ana María Caro y su colaborador, Martín Spezia. El policía está acusado de “encubrimiento” al oficial Maximiliano González (26), marcado como el responsable de accionar el arma reglamentaria que acabó con la vida del joven tras una persecución policial.

Ante las preguntas realizadas por la titular de la UFI, Cepeda dijo: “No ayudé a González”.

Según informaciones obtenidas por La Capital, el policía también expuso que “nunca tuvo contacto con el celular del acusado del crimen (González) y mucho menos lo entregó”, entre otras particularidades y aclaró que “no tuvo ningún tipo de participación” en la acción por la que se lo imputa.

Cabe señalar, que todo este proceso comenzó cuando se lo nombró al propio Cepeda como el oficial que acompañó en custodia a Maximiliano González desde el lugar del hecho (avenida 9 y 34), hasta el hospital “Marino Cassano”.

Ante esta situación se lo citó como testigo en la investigación y en principio de forma espontánea manifestó haber “entregado el teléfono celular a los familiares de González” en el mismo nosocomio.

Como ese testimonio que ya implicaba un delito se notificó de la situación a Cepeda y luego se lo citó a declaración indagatoria por “Encubrimiento”, ante esa acción de “ocultar el teléfono móvil a la Justicia”, ya que no pudo ser analizado rápidamente en ese momento y entorpeció la investigación, permitiendo que el propio González eventualmente pueda mejorar su situación procesal.

IMPUTADOS Y DETENIDOS

Maximiliano González se encuentra con prisión preventiva por “homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía” al comprobarse que disparó contra Luciano Olivera, un adolescente que escapaba de la persecución de móviles policiales tras huir de un intento de identificación en la plaza central de Miramar.

El menor avanzaba a gran velocidad por la avenida 9 y poco antes de llegar al cruce con la calle 34 avistó a un patrullero que le cortaba el paso. De ese móvil había descendido González, Nelson Albornoz, quien también sigue encarcelado por el delito de “encubrimiento doblemente agravado y falso testimonio”, acusación que también recae sobre la oficial inspectora, Rocío Mastrángelo y el sargento, Kevin Guerricagoitía, aunque estos dos últimos permanecen en libertad.

Tal como quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona, González disparó a distancia contra Olivera y el impacto de la bala 9 milímetros fue en el pecho. Al perder el equilibrio la moto derrapó y llegó a golpear un pie de González, circunstancia – según marca la investigación -, que luego “fue aprovechada por todos los policías para falsear el relato de los hechos ya que que todos dijeron que González disparó tras ser embestido por la moto”.

La herida le produjo la muerte casi instantánea a Olivera y en pocos minutos, al conocerse lo sucedido, decenas de personas se acercaron al lugar. En ese momento hubo incidentes y González fue trasladado hasta el hospital de Miramar. El traslado lo hizo Cepeda, quien permitió que el responsable del asesinato efectuara llamados a los otros policías involucrados y finalmente le hizo el “favor” de no secuestrarle el teléfono y dárselo a los familiares.

Cuando la fiscal Caro profundizó la investigación de entrecruzamientos de llamadas días después del hecho se determinó que González tenía el aparato dentro de la cárcel de Batán. Ante eso se efectuó un allanamiento y se lo secuestró.

El próximo 6 de octubre a las 22:30 se realizará la reconstrucción del hecho con colaboración de Policía Federal, en lo que se considera será el último paso previo al pedido de elevación a juicio por parte de la UFI de Miramar.