La serie de despidos que vienen registrándose en el Estado nacional afectan seriamente también a Dolores, una ciudad que tiene un perfil fuertemente administrativo. La situación afecta tanto por los despidos efectivizados en los últimos días tanto como por la situación de zozobra que viven empleados de otras dependencias, ya que siente amenazados sus puestos de trabajo.
Al momento se han registrado, en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cuatro despidos en el Centro de Referencia (CDR) y dos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por otra parte, también hubo despidos en el Centro de Acceso a la Justicia, donde se desafectó a dos de los cuatro trabajadores y en el Registro Nacional de Reincidencia, donde también se despidió a otros dos.
En el edificio donde también funcionaban el CDR y la ANDIS quedaron sólo dos trabajadores pero a la persona a la que se le alquila el inmueble ya le avisaron que no van a seguir rentándolo. Tampoco está claro quiénes son las autoridades inmediatamente superiores.
Magalí Battistessa llevaba 23 años en el área del ex Ministerio de Desarrollo Social y era parte del CDR de Dolores. Ella recibió la noticia de su despido “por el mail institucional y sin nombre ni firma. Me hubiera gustado que me pusieran al menos nombre y apellido para decirme que cesan la relación laboral. Yo dudo para definirlo entre amateurismo y perversidad”.
Por su parte, Imanol González Velázquez fue despedido del Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y sostiene que en el lugar “la incertidumbre es total también para los que siguen trabajando”.
“Milei con esto no se ahorra un solo peso. Sólo son despidos como medio para destruir al Estado, ya que nuestros salarios, locaciones y servicios los paga un ente cooperador, en este caso ACARA, que se financia con los cobros de trámites, sellados y papeleo de diversa índole”, agregó González Velázquez.
Otras dependencias nacionales que viven horas inciertas son la ANSES y el PAMI, en las que no se han designado autoridades desde el cambio de gobierno en diciembre pasado, es decir, hace 120 días. Los trabajadores de ambas oficinas dolorenses también están en estado de alerta, ante la posibilidad de que sean alcanzados por la ola de despidos.
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