19 DEC 2025 - 11:41 |
Sociedad
Informe
La Región: la Justicia Federal atraviesa una grave situación a raíz de la cantidad de cargos vacantes
La jurisdicción Mar del Plata comprende la justicia federal de Mar del Plata, Dolores, Azul y Necochea. Hay vacantes sin cubrir desde hace 10 años.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata es el encargado de llevar adelante los juicios federales de todas las ciudades de la jurisdicción, que incluye a Azul, Necochea y Dolores.
La acumulación de vacantes y subrogancias vuelve a poner en agenda la necesidad de agilizar los procesos de designaciones judiciales para garantizar el normal funcionamiento de la Justicia Federal en la Región.
Ayer el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolvió, por mayoría de 5 a 2, la remoción de Martín Luciano Poderti, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, por mal desempeño en sus funciones previas como secretario del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro.
La destitución está relacionada con la desaparición de 144 monedas de oro de una caja de seguridad del Banco Nación, un tesoro valuado en casi 200.000 dólares que formaba parte de los bienes secuestrados en una causa por narcotráfico y cuya custodia recaía exclusivamente sobre la figura del juez Poderti.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata es el órgano encargado de llevar adelante los juicios federales de todas las ciudades de la jurisdicción, esto es, además de los tribunales marplatenes, los dos juzgados –civil y penal– de Azul y los juzgados multifuero de Necochea y Dolores.
La situación en el TOF marplatense se agrava porque Roberto Falcone, otro de los tres integrantes de ese cuerpo, accedió al beneficio jubilatorio y su renuncia será efectiva a partir del 1 de marzo de 2026. De esta manera, a partir del año próximo quedará un solo juez en ese cuerpo y la Cámara de Casación va a tener que designar jueces subrogantes de otras jurisdicciones para poder hacer los juicios.
Uno de los más resonantes que se esperaba se juzgara en 2026 es la causa por encubrimiento de los vuelos de la muerte durante la última dictadura militar en la que está acusado, junto con otras personas, el ex juez de Dolores, Carlos Facio.
Sin embargo la situación es aún más preocupante si se observa el resto de los juzgados. En la Cámara Federal de Apelaciones marplatenses hay un cargo vacante desde hace casi 5 años, que ocupaba el juez Jorge Ferro hasta que se jubiló. El concurso correspondiente cuenta con terna elevada al Poder Ejecutivo de la Nación desde el abril de 2024.
En Mar del Plata, de los dos juzgados penales existentes, el Nº 1 se encuentra vacante desde hace alrededor de 10 años. Si bien en su momento las ternas habían sido elevadas al Poder Ejecutivo, el trámite volvió posteriormente al Consejo de la Magistratura. El 2 de diciembre de 2025, ese organismo volvió a elevar las alternas al Ejecutivo, mientras que actualmente el único juez penal federal en funciones en la ciudad es Santiago Inchausti.
A su vez, el juzgado federal civil Nº 4 se encuentra a cargo del juez Alberto López, quien ayer declaró en los términos del artículo 20 del Reglamento del Consejo de la Magistratura, en el marco de una investigación en trámite ante la Comisión de Acusación de ese organismo, vinculada a expresiones antisemitas publicadas por el magistrado en la red social X (ex Twitter).
Por su parte, el Juzgado Federal de Dolores permanece vacante desde el año 2021, cuando Alejo Ramos Padilla fue designado como juez electoral de La Plata. En este caso, el concurso correspondiente también se encuentra con la terna elevada al Poder Ejecutivo Nacional desde 2024.
En una resolución reciente, el propio Tribunal Oral Federal de Mar del Plata informó que, tras la suspensión de Poderti, solicitó oportunamente a la Cámara Federal de Casación Penal la designación de un juez subrogante, sin haber recibido respuesta hasta el momento.
De este modo, a partir de marzo del próximo año, el tribunal no sólo necesitará cubrir una vacante, sino contar con dos jueces subrogantes provenientes de otras jurisdicciones, lo que genera demoras en la agenda de juicios y en la tramitación de causas, ya que esos magistrados deben compatibilizar sus funciones con las de sus tribunales de origen.
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