El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, desestimó las acusaciones del juez Claudio Bonadío y dijo a ENTRELINEAS.info que su gestión cumplió con las rendiciones exigidas.
Luego de que Bonadío procesara a 92 intendentes por supuesto fraude con fondos destinados a la realización de obras de tratamiento de residuos, entre los que se encuentran varios alcaldes de la zona, Olivera salió a rendir cuentas. “Se recibió el 50% para realizar la obra, se rindió el total y se abonó con cheques de la cuenta especial”.
Posteriormente, dijo Olivera, “el ministerio perdió el expediente, lo reconstruimos nosotros y acompañamos los comprobantes al juzgado, pero el juez solo tomo en cuenta la rendición parcial del ministerio”. Según explicó el alcalde de Tordillo, “nunca enviaron los restantes 50%, aunque igual la obra se terminó con fondos municipales”.
Luego de aclarar que apelarará el procesamiento que dictó el más polémico de los jueces de Comodoro Py, Olivera sostuvo que “no es siquiera un tema de sobreprecios, es que perdieron el expediente en el ministerio o lo destruyeron o quién sabe. Quizás es para no pagar el otro 50% por cuestiones de restricción presupuestaria”, culminó.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.