La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la primera recusación presentada por el fiscal porteño Carlos Stornelli contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por lo que el magistrado continuará al frente del expediente en el que investiga una supuesta red de espionaje ilegal integrada por el detenido Marcelo D’Alessio.
La recusación planteada por el fiscal era uno de los argumentos para no declarar en indagatoria ante el propio magistrado. De hecho, Ramos Padilla citó tres veces a Stornelli al juzgado de Dolores. Nunca fue. Ahora deberá hacerlo el martes 26 de marzo bajo apercibimiento de declararlo en “rebeldía” más allá de sus fueros.
En la notificación que envió Ramos Padilla, le indicó al fiscal que la citación del viernes pospuesta para el martes es “bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía” por lo que de no presentarse ese día en Dolores podría ser llevado hasta allí por la fuerza pública.
El fiscal ya se ausentó en dos oportunidades recusando al juez en ambas ocasiones. Entre sus argumentos se encontraban que la Cámara Federal de Mar del Plata no había resuelto todos sus planteos sobre la “pérdida de parcialidad” del magistrado.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.