Se ha corroborado prima facie no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía con Marcelo D´Alessio, sino su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada. A diferencia del caso de otros periodistas vinculados a D´Alessio, el imputado no sólo se nutría de la información que le proveía la organización, sino que habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos y contribuía al desarrollo de los planes ilícitos que llevaba a cabo la organización.
El vínculo estrecho y de mutua colaboración con las actividades de espionaje ilegal se puede percibir a partir de los aportes materiales que habría brindado, en el caso de Gonzalo Brusa
Dovat. Asimismo, en el marco de esta relación que mantenía con la organización, Santoro, además de ser un usuario de la información que le proveía la misma con posible conocimiento de que provenía de actividades de inteligencia prohibidas que se realizaban sobre empresarios o dirigentes políticos, también habría brindado de manera confidencial información a Marcelo D´Alessio respecto de las actividades de sus colegas, que luego eran reportadas a otros
miembros de la asociación ilícita.
Además de los testimonios y la prueba recogida que dan cuenta de esta relación de intercambios que mantenía con D´Alessio en las diversas actividades que llevó adelante la organización, se cuenta con el documento hallado en poder de este imputado –creado en febrero de 2018- en el que se explicitan las distintas actividades de espionaje que se encontraba llevando adelante la organización e incluso algunas que preveían concretar en un futuro.
Entre las distintas actividades que se mencionan en ese documento -en el que se hace referencia a investigaciones sobre presunto terrorismo, narcotráfico, la aduana, dirigentes políticos, etc.-, se señala también la realización conjunta de un libro “donde se describirán las maniobras relacionadas con la importación y distribución de Gas OIL 500ppm realizada por ENARSA”. La finalidad buscada por esa publicación también se explicita en ese documento: “A partir de la publicación, entendemos que un Juzgado Federal deberá citar al autor y sus fuentes que colaboraron en ´ON´ para avanzar en una investigación sobre el mayor defalco de la historia Argentina”.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.