Desde el 1 de enero entró en vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para servicios de telefonía, internet y televisión por cable, dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 que, entre otros aspectos, fijó un precio mínimo de 150 pesos para telefonía móvil.
La norma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) detalló en un comunicado que podrán optar por adherirse a la PBU las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, así como también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar; beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles.
El beneficio se extiende también a clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarios y entidades de bien público.
La PBU, según indicó el organismo, “persigue el horizonte de la expansión de derechos establecidos por el Gobierno nacional como lineamiento general para asegurar que todos los argentinos y argentinas gocen de las mismas oportunidades”.
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