El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, fue convertido en ley por unanimidad, durante una sesión especial celebrada en la Cámara de Senadores de la Nación.
La iniciativa preveé “una indemnización por grupo familiar”, que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.
El beneficio extraordinario económico, según informó la Agencia Télam, es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los 7 millones de pesos para cada grupo familiar.
Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio "importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto".
Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias". El proyecto, por otro lado, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.
La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.