El proyecto de ley de ética pública en provincia de buenos aires que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, fue reconocido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La nueva ley de ética pública en la provincia de buenos aires fue destacada en el VI Congreso Nacional "Estado y Políticas Públicas. Pensar la post pandemia. Políticas Públicas para la reconstrucción" de la Flacso.
El proyecto de ley de ética pública provincia de buenos aires tiene como objetivo establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la integridad y la transparencia en el ámbito provincial.
La propuesta se basa en un enfoque transversal de derechos humanos, género y diversidad para lograr una función pública igualitaria, equitativa y sin discriminación, se informó en un comunicado.
La subsecretaria de Transparencia Institucional bonaerense, Ana Laura Ramos, agradeció a la casa de estudios "por destinar un capítulo, dentro de la propuesta" a discutir la ley de ética pública provincia de buenos aires.
Ramos remarcó la necesidad de "construir una cultura de la transparencia con participación ciudadana, inclusión social y reconocimiento de la diversidad, en un contexto de igualdad de género y respeto irrestricto a los derechos humanos".
El congreso de la Flacso, desarrollado en modalidad virtual, funciona como espacio de intercambio académico, debate y reflexión entre destacados funcionarios de la política argentina, profesionales, estudiantes, expertos e investigadores.
La funcionaria valoró que "en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, publicaron el anteproyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia para que la ciudadanía pueda realizar aportes".
"La elaboración participativa de normas permite que la ciudadanía se apropie de estos debates, mejore la calidad de las propuestas, amplíe su legitimidad y aumente la posibilidad de reformas sustantivas", dijo la funcionaria.
Ramos señaló que a partir del debate de la ley de ética pública provincia de buenos aires “se logró que el 100% de los funcionarios públicos, de organismos y entes descentralizados presentan en término sus declaraciones juradas ".
En la etapa de elaboración del anteproyecto de la ley de ética pública provincia de buenos aires participaron universidades nacionales, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de control, entre otros.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.