El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, volvió a convocar a declaración indagatoria al intendente de Pinamar, Martín Yeza, para el próximo 4 de noviembre, en la causa que investiga supuestas irregularidades en el uso de las Tarjetas Alimentar, informaron fuentes judiciales.
"No existen razones para hacer lugar a los recursos presentados, suspender el trámite del proceso que se sigue al Sr. Martín Yeza o suspender su convocatoria a prestar declaración indagatoria", sostuvo el magistrado al rechazar los planteos de la defensa, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Télam.
También afirmó que "las razones señaladas ahora por la defensa (planteo de recusación) carecen de sustancia para generar el perjuicio o gravamen que señala".
La defensa había pedido que la indagatoria quede suspendida hasta que la Cámara Federal de Mar del Pata resuelva un planteo de recusación presentado contra el juez Bava, quien se negó a apartarse del caso.
"Me permito repasar que la defensa, ante cada convocatoria que ha cursado el Tribunal para que comparezca a prestar declaración indagatoria, ha presentado recursos de reposición y apelación en subsidio, invocando en cada oportunidad diferentes causales (tiempo para preparar la defensa, nulidad de la convocatoria e incompetencia)", analizó Bava, al rechazar este planteo.
Yeza estaba convocado para el 7 de octubre, pero había pedido que se suspenda el trámite mientras se tramitan los recursos, algo que rechazó el magistrado. La indagatoria quedó suspendida y se reprogramó para el 4 de noviembre a las 12:00, porque el abogado defensor de Yeza, Ignacio Jakim, presentó un certificado médico con el que justificó que "se encuentra imposibilitado" de concurrir antes al juzgado para asistir a su cliente.
Ante la difusión de la nueva fecha para su indagatoria, el jefe comunal apuntó contra la Agencia Télam. En su cuenta de Twitter, Yeza citó un tuit de Télam en el que se informaba del proceso judicial para aseverar que "el medio estatal se cruzó al juez en el pasillo y se enteraron de casualidad, lo que omiten es que el juez está recusado, y en los juzgados normales cuando el juez está recusado llama a indagatoria hasta que no se resuelva. Justo están las elecciones, perdieron los escrúpulos".
En otro tuit, el intendente de Pinamar se preguntó: "¿Cuál es el colmo de un juez recusado por haber perdido la imparcialidad? Que te llame a indagatoria igual a 10 días de las elecciones".
Cabe recordar que la causa en la que quedó imputado Yeza se abrió en marzo último, tras una denuncia por supuestos gastos hechos por parte de terceras personas y no por los titulares a cuyo favor estaban emitidas las tarjetas "Alimentar".
En la causa ya están procesados dos ex funcionarios de la Municipalidad de Pinamar, Nora Ponce y Javier Tumas, por presunta omisión de control, y otras 4 personas acusadas de haber sido quienes usaron las tarjetas.
El medio estatal se cruzó al juez en el pasillo y se enteraron de casualidad, lo que omiten es que el juez está recusado, y en los juzgados normales cuando el juez está recusado llama a indagatoria hasta que no se resuelva.
— Martín Yeza (@martinyeza) October 22, 2021
Justo están las elecciones, perdieron los escrúpulos. https://t.co/kaW3GDAzU3
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.