La Cámara Federal de Mar del Plata ratificó ayer al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava en la causa que investiga al intendente de Pinamar, Martín Yeza, por la supuesta comisión de irregularidades con el uso de la tarjeta Alimentar, informaron fuentes judiciales.
Tras el rechazo de la recusación de Yeza contra el magistrado, se dispuso que el jefe comunal de Juntos por el Cambio sea indagado el 17 de noviembre, 3 días después de las elecciones legislativas generales, añadieron los voceros.
"Coincidimos con el juez recusado que no median razones objetivas que permitan sostener que el mismo ha sido parcial en el trámite del sumario, encontrándose debidamente garantizados los derechos que asisten al imputado a fin de ser juzgado por un juez imparcial", dijeron en su resolución los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez.
La causa en la que está imputado Yeza se abrió en marzo último, luego de una denuncia por supuestos gastos hechos por terceras terceras personas y no por los titulares a cuyo nombre estaban las tarjetas Alimentar emitidas por el gobierno nacional.
Las tarjetas eran entregadas a los municipios que debían custodiarlas y repartirlas a los beneficiarios. En este caso, la investigación alcanza unas 55 tarjetas por un monto de alrededor de 2 millones de pesos.
Yeza estaba citado para el 4 de noviembre, pero interpuso la recusación. Ahora que la cuestión fue resuelta por la Cámara marplatense se dispuso la indagatoria para el 17, de manera virtual.
En el fallo los camaristas señalaron que Yeza habló de una "sospechosa premura en el marco de la campaña electoral", de la "pretensión inamovible de llevarme a un proceso ilegítimo en el que se trasluce una intencionalidad suprajurídica" y del "objetivo de ocasionar un daño en mi imagen pública en momentos que el daño a mi persona que produce en el proceso electoral denota una falta de republicanismo que debe evitarse".
Y sentenciaron que esas manifestaciones "son todas expresiones motivadas en criterios subjetivos que no tienen correlato en elemento objetivo alguno que pudiere surgir de estas actuaciones, y solo conforman una mera disconformidad personal del encausado con la medida judicial tomada, justamente aquella relacionada con la oportunidad donde el imputado recusante puede ser oído en el ejercicio de su defensa material sobre los motivos, circunstancias y pruebas que con correcto celo procesal el a quo ha indicado en forma previa a cada una de esas citaciones judiciales".
Entonces destacaron que "no habiéndose demostrado por parte del recusante la parcialidad del juez al que se pretende recusar ni elemento objetivo que lo acredite", resolvieron "no hacer lugar al pedido de recusación formulado" por Yeza y su abogado, Ignacio Jakim, contra el juez Bava.
Igualmente dispusieron "tener presente la reserva de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y la introducción del caso Federal efectuado por el letrado recusante".
Cabe recordar que esta misma Cámara marplatense es la que debe resolver el próximo viernes la recusación de Bava planteada por el ex presidente Mauricio Macri en el expediente en el que es investigado por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.