El Gobierno nacional confirmó que pagará en enero un bono de $ 55.000 para las y los jubilados que cobran el haber mínimo, por lo que el piso de remuneración se ubicará en torno de los $ 160.000.
Esta suma es similar a la que la ANSES pagó en diciembre tras aplicar el último aumento trimestral del año, de 20,9%, que llevó a la mínima a poco más de $ 105.000.
El pago de este bono también se extendería durante febrero, siempre y cuando el Congreso apruebe el capítulo de la “ley ómnibus” que suspende la movilidad que rige en la actualidad.
Tanto en el ministerio de Economía, como en el de Capital Humano consideran que esa fórmula pierde de manera sistemática contra la inflación y que por eso buscarán cambiarla.
El primer paso será a través de su derogación y que forma parte de la “ley ómnibus” presentada el miércoles ante el Congreso.
Si eso prosperara, hasta que se elabore una nueva fórmula automática, que también requerirá aval del Parlamento, el Poder Ejecutivo establecerá, como puente, un esquema de aumentos mensuales discrecionales de acuerdo a la inflación del mes anterior para que no pierdan poder adquisitivo.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.