Jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo perteneciente al gobierno bonaerense, que se desempeñaban en otra institución en relación de dependencia fueron intimados a elegir entre su trabajo o la jubilación. Esta intimación, con fecha límite del 30 de junio, se realizó bajo el paraguas de un decreto de 1980 –plena dictadura militar- a través de una resolución, la 865633.
Esta medida, además, implica generar una deuda por los haberes percibidos. Existen entre los afectados, jubilados a los que se les reclama la devolución de haberes cobrados desde 25 años atrás, puesto que antes no había sido puesta en marcha. Se trata de trabajadores en relación de dependencia con empresas privadas u organismos estatales, con excepción de docentes.
Al respecto, los gremios docentes resaltaron esta diferenciación, por cuanto aclararon la incompatibilidad excluye expresamente la actividad educativa. “Es importante que los docentes sepamos que nos ampara el derecho de continuar trabajando una vez jubilados”, señala un comunicado difundido por SUTEBA.
Esta incompatibilidad no rige para jubilados de ANSES, que sí pueden seguir trabajando aunque estén jubilados y, por supuesto, nada se dice sobre la posibilidad de la precarización laboral de quienes trabajan en negro o, a partir de esta medida, pasen a estar en esa situación para “regularizar” y “mantener” su situación.
La resolución 865633 no está publicada en la web del IPS ni figura en Internet. Solo los jubilados que la recibieron por correo, y quienes solicitaron una copia certificada en el instituto bonaerense, pudieron tener acceso a ella.