La Justicia investiga si algunas cadenas de supermercados incurren en una defraudación al Estado al remarcar precios en los llamados “supermiércoles de descuento” para usuarios de las tarjetas de débito o crédito del Banco Provincia.
La causa fue abierta de oficio por el fiscal Rodolfo Moure a partir de una advertencia pública de la Liga de Amas de Casa de Mar del Plata sobre una “fuerte remarcación de precios”.
En primera instancia, el fiscal citó a declaración testimonial a la presidenta de la Liga, Marisa Sánchez, quien ratificó todo lo que había dicho a la prensa.
La Fiscalía libró un oficio al Banco para que remita los antecedentes vinculados con esta promoción, que consiste en un descuento de 50% para los clientes. “Sabemos que el Banco también hizo una auditoría interna y ha detectado remarcación de precios”, señaló Moure al diario La Capital.
El fiscal contó que “se han detectado productos que valen 10 pesos el martes, el miércoles de descuento cuestan 14 y el jueves vuelven a 10”. “Es decir que el miércoles hay una remarcación de 25 o 30% en algunos productos, y eso hace que el Estado provincial, a través del Banco Provincia, deba realizar un pago mayor. No es lo mismo hacerse cargo del 30 por ciento de un producto que vale 10 pesos que del 30% de un producto que vale 14”, ejemplificó.
Moure mencionó que el Banco se hace cargo del 30% del descuento y los supermercados del 20% restante. “Con esta metodología, los supermercados cubren su parte con el aumento y el Banco pone más plata de la que le corresponde”, graficó.
“El Banco está enterado, está aportando la documentación que tiene en su poder. En el transcurso de esta semana o la que entra se comprometieron a enviarme todo lo que tienen”, agregó Moure, y adelantó que el Banco “podría presentarse en la causa como particular damnificado”.
El funcionario judicial aclaró que estos incrementos de precios se detectaron solo en algunas cadenas. “Una es de Mar del Plata y otras están en todo el país. No las quiero nombrar porque no cerramos la investigación, pero es muy probable que en los próximos días sean citados a declaración indagatoria los responsables de esas cadenas por defraudación contra la administración pública”, adelantó.
Una defraudación contra la administración pública implica penas de 1 a 6 años de prisión. “Además están las implicancias civiles: podrían ser pasibles de multa y de retiros de habilitaciones y juicios por daños y perjuicios”, advirtió el fiscal. Y subrayó que, de comprobarse la defraudación, los clientes también podrían demandar a los supermercados que remarcaron los precios para no hacer su aporte al descuento.
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