Las empresas de medicina prepaga informaron que se acordó un aumento de la cuota mensual del 15% en noviembre y otra del 10% a partir de enero.
Cabe recordar que el último aumento autorizado fue del 12% en diciembre pasado. Desde entonces los directivos de las prepagas aseguran que sus costos aumentaron un 30% y no más porque tuvieron varias ayudas del Estado. En tanto, sostienen que, sin esas ayudas estatales, en enero sus costos tendrían un alza del 54%.
Además del programa ATP, por el que el Estado paga una parte de los salarios de las empresas del sector, en marzo pasado a través del decreto 300/2020 el Estado redujo en un 95% las contribuciones patronales de las empresas del sector con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al tiempo que se les fijó una menor alícuota en el pago del impuesto a los débitos y créditos.
Según el decreto, esos beneficios alcanzan a obras sociales, servicios de seguros de salud –medicina prepaga y mutuales-, hospitales, servicios de atención ambulatoria realizada por médicos y odontólogos, servicios de diagnóstico y tratamiento, y servicios de emergencias y traslados, entre otros.
Más allá de todos estos beneficios y asistencia por parte de Estado, la facturación de las prepagas se vio afectada por la caída del padrón de afiliados y también porque muchos afiliados con sus grupos familiares se vieron obligados a pasarse a planes inferiores, más baratos.
Aunque en el Gobierno hay preocupación por el impacto de los aumentos de las cuotas prepagas en el padrón de las entidades, reconocen que el sistema está muy afectado por los gastos extraordinarios que implica la pandemia. Y que un aumento escalonado es necesario para que las prepagas puedan seguir brindando sin inconvenientes sus servicios y podría ser absorbido por los afiliados que han tenido actualizaciones en sus salarios, a juzgar por los acuerdos paritarios de este año.
16 de septiembre. El beneficio de la Zona Fría implicaba descuentos de hasta el 50% en la factura de gas. Más de 3 millones de hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza podrían perderlo si el Congreso aprueba el Presupuesto que Milei envió con la derogación incluida.
16 de septiembre. Luego de dar marcha atrás con la intención de judicializar la normativa, el jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó su promulgación, pero indicó que no se reglamentará hasta definir cómo será el financiamiento.
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