En el marco del juicio por jurados previsto para el año próximo, los tres acusados por el abuso sexual de una adolescente, ocurrido en el camping “El Durazno” de Miramar durante la madrugada del 1 de enero de 2019, pidieron al Tribunal Oral Nº 3 que se les permita presentar y analizar pruebas del comportamiento social de la víctima.
Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, la solicitud fue realizada por uno de los tres abogados que representan a los imputados, mientras que los otros dos requirieron que la adolescente -que al momento del hecho tenía 14 años y ahora ya cumplió 16- sea sometida a una pericia psiquiátrica.
Los recursos exhibidos ante Fabián Riquert, miembro del mencionado tribunal y juez que estará a cargo el debate por jurados en 2021, fueron rechazados por los fiscales María Florencia Salas y Guillermo Nicora, y por el abogado de la familia de la joven, Maximiliano Orsini. Ambos citaron como precedente jurídico para argumentar su negativa el fallo del Tribunal de Casación bonaerense respecto del caso Lucía Pérez.
Se trata de la sentencia conocida en agosto pasado en la cual las autoridades judiciales anularon la absolución de los dos acusados de femicidio por el polémico hecho ocurrido en octubre de 2016 y ordenaron la realización de un nuevo juicio. En su fallo, cuestionaron fuertemente la visión que los magistrados de primera instancia tuvieron respecto de los comportamientos sociales y la experiencia sexual previa de la víctima, y aconsejaron que se lleve a cabo un nuevo debate desde una perspectiva de género como la que demanda la sociedad actualmente.
Basándose en esa postura fue que los fiscales Salas y Nicora, y el letrado Orsini, rechazaron la presentación realizada por uno de los abogados de Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba, en relación a la conducta de la víctima y dejaron en claro que quienes deben ser investigados son los acusados y no la víctima, y que el único hecho que debe ser examinado es el ocurrido el 1 de enero de 2019 en el camping El Durazno.
Por otra parte, y como lo habían solicitado Jaime, Pitman y Villalba -a través de sus abogados Martín Bernat, Noelia Agüero y Marcelo Jiménez- ya quedó confirmado que el debate se realizará ante un jurado popular, pese a la negativa del particular damnificado. En ese contexto, cabe destacar que las partes acordaron la presencia de poco más de 20 testigos en la sala, siempre y cuando retorne a la normalidad la actividad presencial en Tribunales.
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