La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envió este lunes intimaciones a 32.746 contribuyentes por inconsistencias detectadas en las fiscalizaciones electrónicas. Entre los motivos por los que se abrieron los procedimientos se encuentran la declaración subvaluada de inmuebles en el exterior, el uso de facturas apócrifas, liquidaciones de granos no declaradas y la falta de presentación de declaraciones juradas referidas a rendimientos financieros, entre otros.
Fuentes de la AFIP explicaron que en total hay 14 motivos por los que los contribuyentes son intimados a partir de las fiscalizaciones electrónicas automáticas, que son verificaciones y controles no presenciales que se basan en información de distintas bases de datos para detectar inconsistencias en el cumplimiento tributario.
Los controles de la AFIP tienen por objetivo mejorar los ingresos por recaudación, en una economía en donde la informalidad roza el 40%. De hecho, el reciente acuerdo de entendimiento firmado con el FMI busca que la Argentina pague la refinanciación del préstamo a partir de un crecimiento de la economía y una mayor capacidad recaudatoria.
Las fiscalizaciones electrónicas son utilizadas desde el 2020 por el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, y constituyen el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial. Ante la persistencia de los incumplimientos por parte de los contribuyentes, los controladores pueden profundizar en el análisis de las inconsistencias ya identificadas.
No es casual que esta herramienta comenzara a utilizarse durante 2020, ya que “potenció las tareas de control sobre los sectores de mayor capacidad contributiva en el marco de la pandemia del COVID-19”, explicaron desde a la AFIP. El objetivo es utilizar recursos para identificar inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes.
Las cartas enviadas por la AFIP al Domicilio Fiscal Electrónico de los contribuyentes incumplidores les recuerda la vigencia hasta el 15 de marzo de 2022 de la moratoria establecida por la Ley de Alivio Fiscal. Vale recordar que el plan de regularización permite incluir obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021.
Este mecanismo de control puesto en marcha en 2020 ofrece “un avance tecnológico en materia de fiscalización para abordar distintas maniobras que afectan la recaudación”. De hecho, permite realizar fiscalizaciones de amplio alcance a partir de distintas fuentes de información que, en la mayoría de los casos, no requiere que los contribuyentes aporten ningún tipo de información adicional.
Las mismas fuentes contaron que en general hay un elevado nivel de respuestas de los contribuyentes a estas fiscalizaciones, que a medida van rectificando declaraciones juradas y cumplen con los alcances de las obligaciones tributarias. Sin embargo, la AFIP “identificó a un grupo de contribuyentes que no cumplieron con los requerimientos o que no se allanaron a la pretensión fiscal”, explicaron las mismas fuentes.
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