El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, conocido también como “Jury de Enjuiciamiento”, resolvió por unanimidad suspender en su cargo al juez dolorense Mariano José Riva, integrante del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Mar del Plata, y disponer el embargo del 40% de su salario mientras dure el proceso.
La medida tomada para con Riva , quien comenzó su carrera en los tribunales de Dolores, se cristalizó tras admitirse formalmente las acusaciones que pesan sobre el magistrado, iniciadas a partir de la denuncia presentada en 2023 por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por violencia laboral y de género contra trabajadores y trabajadoras del tribunal.
El caso se enmarca en una serie de graves situaciones de hostigamiento, maltrato psicológico, afectación de la carrera judicial y otras conductas violentas hacia el personal a su cargo como cambios de lugar de trabajo como castigo, críticas injuriosas y descalificaciones, obstaculización de licencias y traslados, Intromisión en la vida privada, reacciones violentas, sumarios arbitrarios, alusiones sexuales, prohibición de recurrir al sindicato y sobrecarga laboral injustificada. Estas prácticas, denunció la AJB, motivaron incluso licencias médicas por afectaciones a la salud psicofísica.
Cabe recordar que en mayo de este año Riva fue apartado preventivamente de su cargo a fin de evitar la reiteración de los hechos denunciados y asegurar la efectividad de la investigación sobre conductas que la subsecretaría de Control Disciplinario consideró de tal gravedad, que decidió remitir las actuaciones al Procurador General.
Ante esta situación, el Procurador General presentó una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento, que ahora resolvió su suspensión. De esta manera, el “Jury de Enjuiciamiento” avanza hacia la instancia de juicio político, en la que se definirá la continuidad o bien la remoción definitiva del magistrado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios es un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el juez o funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo. Consecuentemente, carece de atribuciones jurisdiccionales para decidir sobre la existencia o no de hechos delictivos y la gradación de la correspondiente condena, circunstancias que forman parte de la esfera de atribuciones propias de los magistrados penales a quienes les corresponda intervenir por la remisión que este Tribunal debe realizar.
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