Mediante el decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, establecidos en otro decreto que regulaba desde 1993 el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país.
La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.
Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El texto argumenta que el régimen vigente respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados.
El decreto advierte además que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector. En particular, sostiene que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, lo que les impide ajustar sus precios de acuerdo con los costos operativos reales.
El gobierno de Javier Milei también enfatizó que los establecimientos privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad. Según la visión oficial, la rigidez de los controles podría incluso “afectar la calidad educativa”, al impedir que los colegios respondan con agilidad a los incrementos de costos de insumos y salarios.
El impacto en la Provincia
El secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), Martín Zurita, explicó al portal 0221.com.ar que la iniciativa rige solo para los colegios que no reciben subvención del Estado. Y en la Provincia, el 70% de los colegios recibe subvención del Estado.
"Las escuelas que tienen aportes del Estado tienen un control estricto que les indica cuándo pueden aumentar y cuánto. Las que no tienen subsidios del Estado no tienen control estatal en cuanto a los límites de la cuota", agregó.
De esta manera, esta nueva iniciativa del gobierno de Milei constituiría una medida sin aplicación práctica en la realidad, ya que los establecimientos educativos que no están subvencionados ya fijan sus propios valores. Las bandas arancelarias que fija la Dirección de Educación de Gestión Privada, que depende de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) provincial, son para los colegios que quieren tener una subvención del Estado.
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