Vuelos de la muerte: piden acelerar el juicio al ex juez de Dolores y a funcionarios policiales de La Costa por encubrimiento

En 1978, en las playas de la Costa Atlántica comenzaron a aparecer cadáveres. Muchos cadáveres. Cadáveres con clarísimos signos de haber sido golpeados ferozmente, torturados. Rápidamente, la policía de la Región y la justicia de Dolores dictaminaron que eran ahogados cuyas identidades no se podían determinar, por lo que fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. 

Cuando la democracia abrió la posibilidad de investigar para conocer la verdad, se descubrió que aquellos cadáveres pertenecían a víctimas de los llamados “Vuelos de la Muerte”, una de las metodologías de exterminio más emblemáticas de la dictadura cívico-militar que se inició en Argentina en 1976. Arrojar al mar desde aviones a personas vivas fue una de las formas que encontró la maquinaria del terror para completar su obra, y con el objetivo (frustrado, finalmente) de no dejar rastros.

En 2022, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó por encubrimiento al ex magistrado de Dolores, Carlos Facio, al médico de la Policía bonaerense, Miguel Cabral, al Director de Rentas y Catastro de la municipalidad de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro, y a siete policías que prestaban servicios en La Costa, y los acusó de haber hecho todo lo posible para que los familiares de las víctimas no tuvieran información adecuada sobre lo que había sucedido con ellas.

La causa, que fue elevada en marzo de 2024 al Tribunal Oral de Mar del Plata, aún espera que se realice el juicio correspondiente para llegar a determinar definitivamente las responsabilidades en estos casos. La situación, además, se complica por el hecho de que falta nombrar dos jueces para completar la integración del cuerpo.

Pablo Llonto, abogado de las familias de tres de las víctimas, dijo a ENTRELINEAS.info que los juicios por los casos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar son las causas más antiguas que tiene la justicia argentina y que es perentorio que se terminen, básicamente por la edad de los imputados, de los testigos y de los impulsores de los juicios. 

Llonto consideró que los “Vuelos de la Muerte” eran un capítulo necesario del sistema de desaparición forzada de personas. “Ese sistema tuvo una última etapa que fue el ocultamiento, es decir, ¿qué pasaba si los cuerpos aparecían? Seguir ocultándolos, para lo cual necesitaban que los que estaban donde aparecían los cuerpos no hicieran lo que tenían que hacer”, por lo que a “este grupo de Dolores y de La Costa se le imputa los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes del funcionario público”, dijo.

“Este juicio tiene importancia hacia el pasado pero también hacia el futuro, que es enviar un mensaje a fuerzas policiales, al poder de la violencia del Estado: los crímenes cometidos por la violencia policial no tienen que mantenerse impunes”, advirtió Llonto, que tiene un largo recorrido como periodista y abogado vinculado a las causas por derechos humanos. 
 
Las responsabilidades del Poder Ejecutivo y la Corte
Ante la pregunta de si las demoras tienen que ver con la política general que tiene el gobierno de Javier Milei respecto de los Derechos Humanos, Pablo Llonto consideró que “el retraso viene de hace mucho tiempo. Ocurrió con Cristina (Fernández de Kirchner), con Macri, con Alberto (Fernández), con Milei ahora. Hay una responsabilidad de la justicia”.

De todos modos, destacó que existen “problemas desde que subió Milei, con el ministro Petri en Defensa: hay cero aporte por parte del Poder Ejecutivo para las investigaciones. Entonces, el Ejecutivo, que durante 20 años estuvo aportando documentos, trabajos, investigaciones a estas causas, dejó de hacerlo. Eso ha sido un golpe duro, pero seguimos ahora investigando nosotros y los fiscales”.

“La responsabilidad es del Poder Judicial y sobre todo de la Corte Suprema, que es la que tiene que fijar pautas a los tribunales inferiores sobre la celeridad de estos juicios y lo puede hacer. Por ejemplo, sacar una acordada a la Corte diciendo que los juicios por delitos de lesa humanidad deben tener prioridad en la fijación de fechas. Es una cuestión de sentido común, porque no hay otros juicios en la Argentina sobre hechos tan antiguos”, agregó Llonto. 

Para el abogado de 65 años, que cubrió el Juicio a las Juntas Militares de 1985, si bien las penas a las que se exponen los imputados son pequeñas, ya que no van más allá de los tres años de prisión, “nosotros podemos intentar que la calificación también tenga que ver con otros delitos”. Si bien no adelantó cuáles serían, por cuestiones de estrategia procesal, dijo que “ampliaremos en el juicio de Mar del Plata la mirada sobre los delitos cometidos”.