En época de aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, continúan los debates en torno a la apertura económica de diferentes actividades. Los cruces de opinión se reproducen en todas las esferas y en la última semana alcanzaron al ambiente político de la zona este de la provincia de Buenos Aires.
“Quiero decirles a algunos intendentes que Alberto Fernández no está enamorado de la cuarentena, está enamorado de la vida”, aseguró Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, durante una transmisión en vivo efectuada desde sus redes sociales el último fin de semana.
La respuesta del alcalde geselino se dio tras los dichos de Carlos Santoro, reelecto el año pasado en General Madariaga por Juntos por el Cambio. “Alberto Fernández está enamorado de la cuarentena”, había asegurado el intendente madariaguense.
Mientras una parte importante de la provincia de Buenos Aires ya ingresó en la cuarta fase del aislamiento administrado, en la que nuevos rubros y actividades serán liberados, Barrera, del Frente de Todos, pidió prudencia y aseguró hacerlo "en línea con las recomendaciones emitidas por los Gobiernos Nacional y Provincial".
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.